Ante el decreto del reajuste del salario mínimo ahora en G. 2.899.048 mensuales, también sube automáticamente el valor de la cuota alimentaria en beneficio de niñas, niños y adolescentes.
Y aunque la ley estipula que los jueces dictaminen los jornales mínimos que corresponden a cada hijo o hija, esto es un “sueño” para algunas madres.
Nuestras lectoras dejaron sus testimonios y aseguran que la ley de “automatización”, que pidió la jueza Pili Rodríguez se cumpla, está muy lejos de la realidad y existen varios otros problemas en medio de los reajustes por la leche. Desde juicios que llevan años intentando lograr que se dictaminen los montos, hasta argumentos de insolvencia para no pasarle más plata a sus retoños.
Testimonios
Gabriela Benítez, por ejemplo, contó que desde hace 13 años su hija sigue cobrando G. 500.000 mensual. “Supuestamente se debita del sueldo de su padre que es funcionario, teniendo un sueldo 10 palos mensuales. O sea, no hay suba automática, hay que ir a solicitar otra vez la actualización”, lamentó.
Por su parte, otra madre opinó: “Jamás en todo este tiempo fue automático. Más de un año en la fiscalía para imputar a padre de mi hija por incumplimiento… mientras, los menores deben vivir de ‘fotosíntesis’, lamentó C.
Rosana Morel indicó que suba o no el sueldo, algunos padres se escudan en sus limitaciones económicas. “Porque ellos ponen que ‘hasta ahí’ pueden (pagar), no hay una ley que exige la cantidad”, indicó la lectora.
Estos reajustes se deben dar independientemente al salario que reciban, sea este el básico o superior. No obstante, en casos en que la prestación es embargada del salario del progenitor, se debe enviar un escrito de actualización, cuyo oficio se envía al lugar de trabajo.
El Poder Judicial tiene inscripto a 1.669 padres en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM): 1.647 varones y 22 mujeres.
264.450 cuentas: Abiertas en BNF
Desde el Banco Nacional de Fomento respondieron que el banco realiza la recepción de los descuentos judiciales, vía planillas, Sipap, boletas de depósitos etc, no así el control o descuento directo de los afectados por la misma.
“En base a nuestra experiencia en la recepción de dichos descuentos, podemos confirmar que en la mayoría, al menos de funcionarios de entidades públicas y privadas afectadas por descuentos judiciales, realizan el ajuste correspondiente al descuento de sus funcionarios para el depósito de las cuentas judiciales de los mismos, pero en caso de demandados con labores independientes, o emprendimientos individuales, etc, no existiría un descuento automático como tal, debido a que son ellos mismos los que deberían depositar y cumplir con lo mencionado en ley”, indicaron desde la institución.
Actualmente hay 264.450 cuentas habilitadas.