Como si fuera un aviso de entrada, en General Eugenio A. Garay, Guairá, se mantiene un letrero que recuerda que en el municipio están prohibidos el “monocultivo de soja y los agroquímicos asociados a su cultivo”.
La ordenanza fue aprobada en 2025 y puesta en el cartel. “No al cultivo de soja. Aquí cuidamos el medio ambiente”. La iniciativa fue impulsada por la Aso de Defensores del Entorno del Ybytyruzú.
En la práctica, le vetaron a los sojeros en la comuna guaireña para proteger el ambiente.
EXTRA se comunicó con el intendente Wálter Troche (ANR), quien dijo que estaba afónico y no podía hablar. Por su parte, el presidente de la Junta tampoco respondió.
El año pasado ya hubo manifestaciones de vecinos que denunciaban la presión sobre los bosques y el impacto de los agroquímicos.
El tema volvió con fuerza cuando la página Agro Parlamento publicó la ordenanza en sus redes sociales. Ahí se encendió el debate. Una de las críticas más duras decía: “¿Qué cara** es esto? ¿Desde cuándo un cultivo 100% legal se puede prohibir en un municipio? Una verdadera vergüenza que en un país que su economía mueve con soja pase esto”.
Las reacciones no vinieron solo de redes sociales. El ingeniero agrónomo Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), también alzó la voz. Para él, la ordenanza es “ilegal e inconstitucional”.
Inconstitucional
Cristaldo explicó a EXTRA, que una municipalidad no tiene potestad para prohibir un cultivo. “La soja es un cultivo legal, no es marihuana para que se prohíba. Esa función corresponde al SENAVE y al Ministerio de Agricultura”, dijo.
Además, recordó que la Constitución Nacional, en su artículo 107, garantiza a todos los paraguayos la libertad de dedicarse a cualquier actividad lícita. Bajo ese argumento, insiste en que la ordenanza municipal es ilegal.
No hay siembra exclusiva, dijo
En cuanto al “monocultivo”, el ingeniero aclaró que en Paraguay no existe una siembra exclusiva de soja como algunos creen. Pidió también a los agricultores que se consideren afectados por la ordenanza que recurran al SENAVE, ya que es la institución que debe velar por la legalidad de las actividades del sector.