“Operación Chipa” se denominó la investigación de la Policía Española que permitió liberar a 10 mujeres paraguayas, al igual que una de Nicaragua y otra de Colombia. El caso es que una de las paraguayas había llegado a España con un embarazo de 4 meses y fue explotada sexualmente durante todo el periodo de gestación.
Cuando el líder de la organización se dio cuenta del embarazo, hizo los trámites para que una familia se hiciera cargo de la criatura. Así, un colombiano de 40 años se presentó supuestamente como pareja de la paraguaya, reconociendo al niño como su hijo en el Registro Civil español.
Una abuela falsa
El plan era que la mamá del colombiano, una mujer de 60 años, se hiciera cargo del niño, supuestamente como abuela. A tan solo dos días de nacer, el menor fue a parar a manos de su nueva familia, mientras la mamá era presionada y amenazada para ceder al niño a su presunta pareja.
Las autoridades españolas señalan además que dos semanas después de haber dado a luz, la paraguaya continuaba trabajando para la organización, que manejaba varios departamentos de prostitución en Santiago de Compostela.
¿Dónde está el bebé?
Actualmente, el niño está a cargo de la Xunta de Galicia, en espera de una decisión judicial sobre la situación. El caso ha agregado el cargo de alteración de la condición de menor y falsedad documental a las acusaciones anteriores de pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos con fines de explotación sexual y tráfico de drogas.
Durante los procedimientos realizados en abril último, fueron detenidas 11 personas, 8 en España y tres en Paraguay. Una de las encarceladas justamente es tambièn paraguaya y era la encargada de convencer a las chicas a aceptar la oferta de trabajo, que supuestamente era para cuidar personas de edad.
Las mujeres captadas en nuestro país eran llevadas a través de una agencia de viajes de Ciudad del Este, donde le daban los pasajes y le enseñaban cómo comportarse para no llamar la atención de las autoridades migratorias europeas.
El trayecto más largo
El modus operandi incluía un trayecto más largo -y más costoso- para ingresar con menos riesgo en España. Así, tomaban primeramente el vuelo a Sao Paulo, de allí iban a Italia y finalmente viajaban al aeropuerto de Barajas (Madrid).
Una vez en la capital española, un miembro de la organización las llevaba hasta Santiago de Compostela para ejercer la prostitución. Cuando llegaban a los departamentos les sacaban el pasaporte y les informaban que habían contraído una deuda de 10 mil euros (unos 70 millones de guaraníes), informó el diario Galicia Confidencial.
En el caso, está detenido como supuesto financista un político cercano al Partido Popular (PP), Juan Perez Miramontes, quien fue presidente de Xóvenes Agricultores, organización gallega que fue disuelta hace unos años. El dirigente se codeaba con la plana mayor del PP y hasta se paseaba en yate con el entonces presidente español, Mariano Rajoy, según informaban los medios españoles.