Bien temprano partió ayer desde Asunción hacia Cambyretá el abogado Julio Careaga, director de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia. Esto, luego de salir a la luz ayer un peligroso esquema de ingreso de una menor a la Penitenciaría Regional de Itapúa, el Centro de Rehabilitación Social (CERESO), en el que podrían estar involucrados guardiacárceles.
El caso se descubrió luego de que la adolescente fuera víctima de abuso sexual, estando drogada, por parte de su proxeneta. Óscar Alcides Ayala, de 42 años, fue detenido por agentes de Investigación de Delitos. En su poder se encontró la cédula con la que se cree ingresaba la chica a la cárcel. Además, tenía el celular de la víctima y otras pertenencias.
“Sobre la base de la información que se dio a conocimiento pública con el procedimiento de la Fiscalía, la ministra (Cecilia Pérez) dispuso la apertura de una investigación”, dijo a EXTRA el viceministro de Política Criminal Rubén Maciel.
Según datos manejados por el fiscal del caso, Rubén Lial, la joven que hace una semana cumplió 18 años ingresaba desde muy corta edad a la cárcel con una cédula que no le pertenecía, para compartir celda íntima con reos.
“El Dr. Careaga entró en contacto con la Fiscalía para colectar datos y tener una búsqueda concreta. Inicialmente se aguardan las grabaciones de circuito cerrado y después los registros”, detalló.
Explicó que los circuitos cerrados serán un elemento clave para confirmar si siendo menor fue introducida a la cárcel irregularmente y a través de los registros, no solo se corroborará su ingreso con cédula ajena, sino que también servirá para determinar quiénes eran guardiacárceles de turno cuando entró.
“Si da la casualidad de que justo el mismo funcionario estaba las veces que se verificó el ingresó de la menor, eso puede motivar al Ministerio Público a considerar un grado de participación sea en proxenetismo o dependiendo de la edad, en estupro”, apuntó.
Como mínimo configuraría una falta administrativa, dijo. Pero añadió que, de comprobarse que hubo complicidad, el o los funcionarios podrían ser echados y procesados judicialmente. “Independientemente si es contratado o nombrado”, aseveró el viceministro.
Maciel explicó que, si se comprueba que hubo negligencia, se verá en qué categoría jurídica está el funcionario. “Si es contratado, probablemente va a motivar su desvinculación. Si es nombrado y tuvo intervención, se inicia el sumario disciplinario”, refirió el viceministro.
Menores no pueden ser visita íntima
El viceministro explicó que en ningún caso una menor puede ingresar para visita íntima. “En la resolución que establece el procedimiento que se debe seguir para visitas íntimas, hay un articulado que habla de las prohibiciones. Una de ellas, es que sean menores de 18 años”, manifestó. Es decir que, de verificarse que entró, sean cómplices o negligentes, estarán en serios problemas. Se investigará si otras menores también ingresaron.
La víctima fue hallada inconsciente en la mañana del sábado en un camino vecinal de la compañía Barrero Guazú de Cambyretá. Un forense confirmó que fue abusada.