Semanas atrás, Sedeco había informado que sus fiscalizadores detectaron “productos vencidos que fueron reetiquetados con una fecha de vencimiento posterior”, en locales de una cadena de minimercados.
En controles realizados entre el 7 y 12 de agosto, confirmaron que seguían en la misma situación, por lo que el Gobierno adoptó una medida al respecto.
Sara Irún, titular de la Sedeco, y Jorge Illou, director de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), anunciaron ayer en rueda de prensa la suspensión temporal de los 263 locales de la cadena Biggie, que cuenta con cientos de empleados.
Según se mencionó, entre los productos irregulares había embutidos envasados al vacío con etiquetas nuevas que omitían la fecha de vencimiento original, frutos secos sin registros sanitarios y vencidos; mayonesas, quesos, mantecas y otros productos en mal estado o con fechas de vencimiento expiradas.
Todos fueron retirados de las góndolas, apuntaron.
El caso viola los artículos 6 inciso b), 8, 15 inciso c) y 31, de la Ley 1334/98 de Defensa del Consumidor, referidos a ofertas de productos no aptos para el consumo.
“Estamos hoy aquí, haciendo lo que el presidente Santiago Peña nos pide, que es proteger a los consumidores”, dijo Sara Irún.
Mencionó que trabajaron en conjunto con Dinavisa, tras recibir “varias denuncias contra farmacias y cadenas de minimercados” y en los controles “hemos encontrado productos vencidos, alimentos en mal estado”.
Comunicado de CAPASU
Desde la Cámara Paraguaya de Supermercados (CAPASU) emitieron un comunicado en sus redes sociales, donde califican la sanción impuesta a Biggie de “desproporcionada y sin precedentes”, que daña el clima de negocios en el país.
“Desde CAPASU alertamos a todo el sector privado ante una medida que no tiene precedentes en el país y en toda la región.
No sólo está en juego el prestigio de una firma comercial sino que con una medida como esta se golpea a la economía del país.
Si existen incumplimientos deben encontrarse formas lo suficientemente transparentes y firmes pero que no pongan en riesgo miles de puestos de trabajo. La estabilidad y la previsibilidad comercial y laboral deben ser el marco de cualquier tipo de sanción.
El mercado debe estar preparado para recibir las más severas amonestaciones siempre y cuando no signifiquen la caída de puestos laborales. A la actuación de las autoridades se puede sumar la condena pública pero ambas, además de ejemplificadoras, deben ser cautelosas para no instalar en el mercado el temor a la arbitrariedad que alejaría cualquier intención de inversión.
Paraguay tiene una economía con estabilidad, pero necesita reglas que no perjudiquen al mercado, cuiden a los consumidores y corrijan los defectos en la comercialización de alimentos”, dice el comunicado.
Desde CAPASU alertamos a todo el sector privado ante una medida que no tiene precedentes en el país y en toda la región y que golpea a la economía del país. pic.twitter.com/ubMo4Srq1H
— capasupy (@capasupy) August 13, 2025
