El Senado aprobó una ley que busca cuidar el bolsillo de los funcionarios públicos.
La nueva normativa dice que no se les podrá embargar ni descontar más del 50 % del sueldo, y que para hacerlo deberá existir una autorización por escrito del trabajador.
También aclara que no se podrán tocar beneficios como el aguinaldo, subsidios familiares o ayudas sociales, sin importar el motivo. Según los legisladores, el objetivo es evitar abusos en los descuentos y embargos que muchas veces dejan a los empleados sin casi nada para llegar a fin de mes.
Si un empleador no cumple con esta norma, puede recibir multas y sanciones legales. Según el senador Rafael Filizzola, esta ley también ayudará a frenar los cobros irregulares de la “mafia de los pagarés.
El texto aprobado lleva el nombre de “Ley que establece procedimientos y límites para la autorización de descuentos y traba de embargos sobre salarios y remuneraciones por servicios personales pagados en organismos y entidades del Estado”.
Ahora pasó al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si la promulga o la veta.
En sesión ordinaria, el pleno de la Cámara Alta, sancionó el proyecto de Ley que establece procedimientos y límites para la autorización de descuentos y traba de embargos sobre salarios y remuneraciones por servicios personales pagados en organismos y entidades del Estado. La… pic.twitter.com/s46VVRi0zE
— Senado TV (@SenadoTV24) October 9, 2025
Lluvia de críticas
Sin embargo, la ley generó críticas porque solo protege a quienes trabajan en instituciones públicas, como ministerios, gobernaciones, municipios y entes del Estado.
Los trabajadores del sector privado quedaron fuera de la norma, por lo que seguirán expuestos a embargos sin un límite fijo.
Varios sectores pidieron que el Congreso analice una ley similar para todos los trabajadores, ya que el derecho a un salario digno no debería depender del tipo de empleo.