En medio de las cataratas de críticas de un juicio oral en Pedro Juan Caballero, la doctora en Derecho Alejandra Peralta salió a respaldar públicamente a la fiscala María Irene Álvarez.
Ocurrió durante un juicio por homicidio. La fiscala Álvarez paró la audiencia porque no entiende guaraní, uno de los dos idiomas oficiales del Paraguay. La agente del Ministerio Público tuvo que pedir un traductor para poder seguir el desarrollo del proceso.
La escena, insólita para muchos, encendió las redes sociales y abrió un feroz debate. Especialistas recordaron que hace años rige la exigencia de capacitación en los dos idiomas oficiales para los funcionarios públicos, por lo que, según sostienen, el plazo de adaptación ya quedó atrás.
Uno de los más duros fue el criminólogo Juan Martens, quien disparó sin rodeos: “Esta funcionaria no puede seguir en el cargo si no habla los dos idiomas oficiales. Merece ser sumariada y apartada”.
Frente a las críticas, la abogada Peralta defendió a la fiscala en su cuenta de X. Recordó que María Irene Álvarez fue su alumna en la Maestría de la Universidad Americana y destacó su desempeño académico.
“Fue muy aplicada y excelente alumna. No escuché en su trayectoria como fiscala hechos de corrupción o mal desempeño”, posteó.
La defensora dijo que: “Si bien, el guaraní es lengua oficial, su manejo no es una destreza excluyente para el cargo, sino un plus para la selección de funcionarios públicos”.
También puso otro ejemplo. “La lengua de señas también tiene reconocimiento oficial por ley, y sería óptimo que cada vez más servidores públicos la manejen para allanar barreras de acceso de personas sordas”.
Para Peralta, el verdadero patriotismo de los operadores de justicia “se demuestra con independencia, imparcialidad, honestidad y compromiso”.
Candente debate
El caso volvió a poner sobre la mesa una discusión sensible en Paraguay, sobre todo en redes sociales como Facebook y X: ¿Debe ser obligatorio el manejo fluido del español y el guaraní para ocupar cargos en el sistema de justicia?
Algunos respondieron a Peralta: "(La ley) Solo establece plazo para estudiar y aprender pero ninguna sanción por incumplimiento. En este caso, hablo de obligación ética del funcionario que tiene función pública”, posteó @Advocatus1966.
“¿Qué tiene que ver que no sea corrupta? Eso así nomás luego tiene que ser. En un sistema podrido es importante resaltar eso, eso no es el eje de la cuestión. A los correctos, honestos, íntegros etc. se les debe perdonar todo, o cualquier otra falencia en aptitudes?”, cuestionó el usuario @Juanjo90py
¿Qué dice la Ley 4251/10?
- Derechos Lingüísticos: Todos los habitantes tienen derecho a comunicarse con funcionarios públicos en guaraní o castellano, y a recibir información oficial en ambas lenguas.
- Obligación del Funcionario: Los funcionarios públicos tienen la obligación de atender al público en cualquiera de los dos idiomas oficiales, lo que implica que la administración debe contar con personal capacitado en guaraní.
- Documentos y Trámites: Los ciudadanos pueden iniciar trámites en la lengua de su preferencia y recibir respuestas en el mismo idioma. Los documentos públicos y las leyes deben estar disponibles en ambos idiomas.
- Ámbito Judicial: En la administración de justicia, ambas lenguas son aceptadas y las declaraciones deben transcribirse en la lengua elegida por la persona, sin necesidad de traducción.
- No Discriminación: La ley prohíbe explícitamente cualquier tipo de discriminación por razones lingüísticas.