La actual administración de la Municipalidad de Nueva Alborada, en el departamento de Itapúa, fue recibida con decenas de juicios, civiles y administrativos, por incumplimiento de pagos, a empresas proveedoras, por trabajos realizados y hasta con particulares, según informó el asesor jurídico Lilio Sotelo.
El abogado señaló que el anterior intendente, Jorge Rubén Johansson, no registró en el corte administrativo esa situación y ahora se encuentran recibiendo intimaciones judiciales casi a diario.
Señaló que hasta les llegó un reclamo por la emisión de un cheque sin fondos, por más de 50.000.000 de guaraníes.
El 99% de los juicios “ya eran perdidos y finiquitados”, dijo al portal Itapúa en Noticias el profesional del Derecho.
Protestó porque las intimaciones judiciales son para que la comuna haga reprogramaciones presupuestarias, para cumplir con los pagos, pero ya no se pueden incluir deudas judiciales y plantearon a la Junta Municipal que los reclamos pasen para el ejercicio del año próximo.
Lamentó que se le amenace al actual intendente, Óscar Martínez, de ser procesado por desacato a una orden judicial, si no cumple con los pagos ordenados por los jueces.
Mencionó que periódicamente vienen recibiendo embargos contra bienes municipales, como maquinarias, a pesar de que la ley no permite.
Anunció además que denunciarán ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a los jueces de Encarnación que dieron curso a los reclamos contra la municipalidad.
La comuna recibió más de G. 500 millones en reclamos por emisión de cheques sin fondo y más de G. 1.000 millones en juicios perdidos y finiquitados, según el asesor jurídico.
El primer juicio de intimación de pago les había llegado del intendente de Capitán Miranda, departamento de Itapúa, Otmar Luciano Becker, quien obtuvo el embargo de todos los bienes de la Municipalidad de Nueva Alborada. Fue por trabajos de enripiado que había realizado, que no se pagaron a la empresa de dicho jefe comunal.
Sotelo calificó de inamistosa la actitud de Becker, porque al recurrir a la Justicia perjudica el normal funcionamiento del municipio afectado.