“De terror son nuestros jefes, solo se preocupan por el dinero”, denunció J. E., empleada de un casino de Asunción.
Contó que ella y su compañero de trabajo contrajeron el COVID-19 porque en el laburo les obligan a violar por todos lados los protocolos sanitarios.
“Dejan que entren más de 70 personas, que se vendan los tickets en la sala, lo único que no volvió a la normalidad es la atención que antes era de 24 horas”, dijo.
Refirió que les prohíben contar que hay empleados contagiados para que los clientes no se asusten o no se clausure el local.
“Quieren que digamos que el compañero que está en reposo se fue a hacer una capacitación a otro local”, añadió.
Explicó que el casino se hace pasar por restaurante para poder abrir hasta las 00:00 entre semana o la 01:00 los fines de semana.
“Cierran todas las puertas y apagan todas las luces de afuera pero nosotros seguimos ahí adentro con los clientes”, añadió la empleada.
Delito
Para el director de Empleo de la ANR, Enrique López, se convierte en un delito cuando el empleador obliga al empleado a tomar una decisión que va contra de su salud.
“El Código Penal, en los artículos 119, 203 y 205, refiere que cualquier persona que sabiendo que puede influir en el posible riesgo de enfermedad de la otra persona comete un delito y tiene pena de hasta cinco años”, argumentó.
Explicó que debería actuar el Ministerio Público contra las empresas que obligan a sus funcionarios a trabajar con COVID-19.
“No es una sanción administrativa laboral, por lo cual, primero se ve lo penal y después lo civil”, dijo el especialista.
Sostuvo que en Paraguay dos de cada tres empleos son informales y que en este segmento es donde más se dan las irregularidades.
“El informal no respeta ni el salario mínimo ni el IPS, entonces, probablemente ni siquiera respeten los cuidados y se mantengan en la ilegalidad”, dijo.
“Empleadores rastreros”
El Viceministerio de Empleo recibió la semana pasada cerca de 20 denuncias de empresas que obligan a sus empleados a trabajar estando enfermos de COVID-19.
“Son empleadores rastreros. Te puedo decir que la mayoría son del sector de servicios y en menor medida industrial”, dijo el viceministro Daniel Sánchez.
Destacó que la normalidad es seguir las indicaciones del Ministerio de Salud e instó a no caer en estas extorsiones.
Habilitó el número (0993)308 100 para denunciar a los que obligan a trabajar con COVID. Aseguró que guardarán la identidad de los denunciantes.
Cabe señalar que desde ayer se extiende la cuarentena social a los departamentos de Caaguazú y Concepción. Los pobladores podrán circular de 5:00 a 20:00 horas en ambas regiones.