Nelson Maciel (17) está siendo querellado por cuatro adultos, de los cuales tres son autoridades del municipio de Mayor Otaño (Itapúa).
De esto hace más de un mes, pero el joven lejos de amainar en sus denuncias, sigue firme y hasta dejó de asistir al colegio por lo que él cree que es justo reclamar.
“Le decimos el baño de oro, que costó más de G. 100 millones, que no se puede usar porque no hay documentos que lo autoricen, un tinglado mal hecho y otras obras. Se gastaron más de G. 500 millones y no se ve nada de mejoras en la institución”, dijo a EXTRA.
Maciel explicó que desde hace tiempo se encuentra de día y de tarde en la “carpa de la resistencia”, que se instaló frente a la Municipalidad para reclamar una auditoría en la comuna, por malversación. Allí hacen turno con 25 compañeros, algunos van de mañana y otros a la tarde.
“Yo estoy en mi derecho de reclamar y sé que tengo derecho a rendir después y a presentar mis trabajos prácticos también”, aseguró el chico. Maciel indicó además que si bien una minoría de docentes lo apoya, los demás prefieren no opinar.
Nelson cursa el 3ero. de la Media de Letras y Artes. “No tengo miedo a las amenazas. Ni si quieren meterme a la cárcel. Mi mamá me apoya. Y estoy fortalecido en esto”, aseguró el colegiante.
El líder juvenil indicó que no es su primera persecución, ya que participó de las tomas de colegio para la destitución de la exministra de Educación, Marta Lafuente.
La Contraloría General de la República inició esta semana una fiscalización al municipio itapuense, luego de las denuncias y múltiples reclamos de los jóvenes. Sobre esto, el joven recordó que la misma entidad contralora detectó irregularidades con varios millones de guaraníes en 2017.
Por decirles: “Basura, corruptos, encubridores”
Nelson Maciel fue querellado por tratar de “basura y corrupto” (sic) al intendente municipal, Pedro Chávez, quien lo demandó por difamación e injuria. El presidente de seccional, Leonardo Cáceres, lo acusó de difamación. Según el chico, Cáceres amenazó a su mamá con que iba a perder el trabajo, por lo que lo denunció en la Fiscalía. Y dos concejales colorados, Darío Saenger y Jorgelina Vera, por haberlos tratado de “corruptos y encubridores”.