Hake péa los bochincheros, desde este sábado y domingo, la Policía va a poner en marcha el plan piloto de control de ruidos molestos con máquinas especiales que en seco sacarán un ticket al estilo alcotest, que van a demostrar que el volumen de los equipos de sonidos rompe el tímpano de los vecinos y les afecta su salud.
Se espera que con el correr de los meses todas las comisarías del área Central tengan sus aparatos de control de polución sonora y así se acabe la costumbre de los muchachos de escuchar sus músicas a todo volumen, sin dejarle dormir a medio barrio.
El comisario General Inspector, Carlos Benítez, contó que para empezar los controles se harán en Asunción, en las zonas rojas de los barrullentos.
Toda la zona baja ribereña de Asunción, los barrios Trinidad, Zeballos Cué y San Francisco.
Por el momento, las comisarías de esas zonas trabajarán en forma coordinada con expertos de Criminalística, quienes manejarán los aparatos (Decibelímetros).
El comi comentó en el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), que está instruyendo a los fiscalizadores.
El Ministerio del Interior adquirió los aparatos para ejecutar la nueva ley Contra la Polución Sonora, promulgada el año pasado y que faculta a la policía a controlar a los bochincheros con sus autos tuneados y otros ruidos (discos, fábricas, anuncios, etc.)
La ley no fija los decibeles permitidos, pero en este control se usará la ordenanza de la Muni de Asunción sobre ruidos molestos. Pasado los 55 decibeles (conversación de personas en un grupo, sin micrófono) ya es contaminación acústica y afecta la salud.
Les tocarán el bolsillo
Los ruidosos se verán en figurilla cuando les caiga el control de la policía con sus aparatitos.
Según el procedimiento, primero le pedirán a la “buena” que bajen el volumen, si no lo hacen ya le va a aplicar el reglamento. Medirán el ruido, van a hacer la boleta de cuánto salió, podrán incautar el vehículo o el aparato que provoque el ruido molesto e informará a la Fiscalía y a la Municipalidad para las sanciones.
Según la nueva normativa, la multa va de 5 a 50 jornales mínimos (G. 440.225 a G. 4.404.550), sin tener en cuenta la propia multa que puede aplicar la Muni y la Justicia
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