Una casa de madera “viajó” en camión desde Juan León Mallorquín, Alto Paraná, hasta la colonia María Auxiliadora de Abaí, departamento de Caazapá.
Así fue como se instalaron Rodrigo Roldán y Diego Fleitas en un predio sobre el que hay un conflicto de propiedad desde hace mucho tiempo.
Los ocupantes llegaron el 12 de agosto y el encargado de la empresa Cardenales S.A. (ex Agropeco) realizó la denuncia por supuesta invasión de inmueble.
Cinco días después llegó una orden del Juzgado de Paz de San Juan Nepomuceno para desalojar el terreno.
Policías de la comisaría de María Auxiliadora acompañaron el procedimiento.
El inspector Denis Chamorro, subjefe, mencionó a EXTRA que los dos hombres se resistieron al principio, alegando tener derecho de ocupar ese lugar, pero después de dialogar, ambos salieron de ahí.
Los de la empresa, con su maquinaria, llevaron la vivienda y la depositaron justo al lado de la comisaría.
Los desalojados se marcharon sin nada y de eso ya hace exactamente una semana.
Llegaron a decir a la policía que iban a volver en el transcurso de estos días para buscar lo suyo, una vez que consigan la plata para pagar un flete.
“Ellos no tienen medios para transportar hasta su domicilio”, indicó el uniformado.
EXTRA intentó contactar con el dueño de la casita, pero el teléfono daba apagado.
El conflicto
En 1986, el Estado paraguayo compró a Agropeco (hoy día Cardenales S.A., productora de soja y otros rubros) 4.000 hectáreas ubicadas en la colonia María Auxiliadora, por 149 millones de guaraníes.
El Instituto de Bienestar Rural (IBR, actual INDERT), llegó a pagar G. 49 millones, que era la tercera parte del precio y, aunque no se concretó la transferencia de los títulos, empezó a vender parcelas a familias campesinas.
En 2014, el INDERT rechazó una donación de Agropeco, porque se trataba de tierras ya ocupadas por otros titulares.
En 2018 hubo un conflicto importante entre unos 300 productores y la empresa Cardenales S. A. porque esta última puso una medida cautelar para que aquellos no puedan cultivar su soja. En ese entonces, la firma decía que las tierras seguían siendo suyas por el tema de la transferencia inconclusa y la deuda del Estado por G. 91 millones.