Dani Ramón Suárez, comerciante de 40 años de Caazapá, iba manejando tranquilo su camioneta cuando el sábado pasado, patrulleros lo persiguieron y detuvieron, acusándolo de andar en un auto robado.
El rodado, que él había comprado cero kilómetro en 2022 en una empresa de Asunción, figuraba en el sistema policial como denunciado por robo. Suárez fue esposado y pasó toda la noche encerrado en la comisaría sin entender qué pasaba.
Al día siguiente lo trasladaron hasta Eusebio Ayala, donde se había hecho la denuncia original. En la Fiscalía le informaron que su vehículo no solo estaba registrado como robado, sino que también aparecía ligado a un caso de estafa.
Tras un peritaje, se comprobó que el auto de Ramón era el original y que había sido clonado.
Una mujer identificada como Ana Acuña, de 44 años, habría usado los mismos datos del vehículo legítimo para vender otro rodado a un hombre.
Desapareció
Cuando el comprador se dio cuenta de que los papeles eran falsos, la vendedora se llevó el auto “para poner todo en regla” y nunca más volvió.
El comprador denunció el caso, y desde entonces la mujer y el vehículo clonado estaban siendo buscados. Pero el sistema también marcó como sospechoso al auto de Suárez, el verdadero.
No puede ni vender
Aunque Ramón salió libre el domingo y ya se comprobó que él no tiene ninguna culpa, la fiscal María González se negó a levantar la denuncia. Solo le entregaron documentos que prueban su inocencia en caso de que vuelva a ser demorado por la Policía.
“Compré el auto con todos los papeles legales y ahora sigo figurando como si fuera un ladrón”, expresó Dani a EXTRA, preocupado por los problemas que esto podría causarle si decide vender su rodado.
El comerciante pide que limpien sus datos del sistema y que se haga justicia, para no seguir pagando por el delito de otra persona.
Hasta el momento tanto como la supuesta vendedora como la camioneta trucha, siguen desaparecidas.
Imputada por culpa de otra
Marta Elizabeth Maidana de Martínez, de 63 años. La docente jubilada fue detenida en junio pasado en el Departamento de Identificaciones de San Lorenzo, cuando fue a renovar su cédula y saltó en el sistema una orden de captura en su contra.
La supuesta causa databa del 2022 y era por invasión de inmueble en Villarrica. La confusión se generó porque la fiscal Noelia Soto imputó a dos mujeres con el mismo nombre sin corroborar sus números de cédula.
Finalmente, al darse cuenta del error, el juez Derlis Duarte ordenó que la liberen.