“Esto es un delito y debe ser denunciado para su proceso penal”, dijo Joaquín Roa, ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), tras presentar, hace instantes, una denuncia formal ante el Ministerio Público contra personas innominadas por supuestos hechos punibles de estafa en grado de tentativa y adquisición fraudulenta del subvenciones.
La decisión es a raíz de que miles quisieron letradear con el cobro del programa Ñangareko. En la lista aparecieron cientos de nombres de funcionarios públicos y privados con sueldazos, además de nombres de fallecidos y reclusos de diferentes cárceles del país.
El ministro no quiso dar muchos detalles aún sobre la denuncia, pero indicó que cada uno de los “letraditos” serán notificados por la Fiscalía en estos días.
La pena por los delitos acusados van entre 6 a 2 años de cárcel o multas de hasta G. 40.000.000.
Contra avivados
Roa explicó que los datos fueron cruzados con varias instituciones, como el Instituto de Previsión Social, la Secretaría de la Función Pública, Policía Nacional, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Trabajo, entre otras.
La SEN estaba en alerta permanente en contra de los avivados y ya cuentan con la lista depurada de los que serán demandados.
Las fiscala Irma Llano y Teresa Sosa fueron designadas por el Ministerio Público para ayudar a la SEN.
Hasta el momento la SEN ya transfirió el subsidio a 8.194 familias, afectadas por la crisis del coronavirus.