Paolo L. (38) contó que en diciembre del año pasado fue denunciado por su expareja María R. luego de llevar de vacaciones a Foz de Iguazú a su pequeño hijo de 5 años, aunque según él, tenía el permiso legal correspondiente que la madre del menor había firmado.
“Ella dijo que no sabía dónde estaba su hijo y que estaba incomunicada conmigo. Sin embargo, ella sabía que íbamos de vacaciones y luego se fue a decir que no sabía nada”, relató.
Agregó que, ahora la mujer ya no le permite ver a su hijo y que a pesar del intento de la Defensoría de la Niñez de comunicarse con ella, no acudió a ninguna de las audiencias, por lo que ya no sabe qué hacer.
Ante este caso la jueza de Niñez y Adolescencia, Pili Rodríguez, contó que solo en el 2024, se emitieron 1.590 permisos del menor y explicó que cuando uno de los padres no quiere ceder el permiso de manera voluntaria, se realiza un juicio para escuchar a ambas partes y que el juez, por medio de un análisis dicte una sentencia, por lo que resaltó que la madre debe presentar argumentos válidos para negarse.
Varios casos
Según el abogado Venancio Morel, estos casos son muy comunes ya que en la mayoría de las veces, son las madres quienes tienen la custodia de los hijos y no permiten a los papás pasar tiempo con sus hijos. “Fácilmente ya habré atendido cerca de 500 casos como estos y lastimosamente solo el 30% de ellos salen a favor del papá”, señaló. Explicó que el motivo principal por el cual las mujeres se niegan, es para no dejar de recibir la plata de la prestación durante ese tiempo y agregó que lo que más dificulta que un juez salga a favor de los padres, son las falsas denuncias por violencia doméstica.
Arrieros sufren desventaja
La abogada Norma Zelaya destacó que en enero, este tipo de pleitos aumentan significativamente, creando largas filas en los juzgados. Esto se debe a que coincide con el período de vacaciones escolares. Zelaya señaló que, en la mayoría de los casos, los hombres terminan perdiendo debido a que el proceso es más largo y exigente para los hombres, ya que primero deben demostrar mediante documentos y testigos que pueden cubrir todas las necesidades económicas del niño.