Profesores de la red municipal y estatal de Goianía (Brasil) denuncian que fueron víctimas de un “golpe” al inscribirse a cursos de maestría y doctorado dictados en el Paraguay, un caso que está siendo indagado en el vecino país por un organismo de defensa del consumidor.
Los afectados aseguran que se enteraron de la oferta de cursos a través del Sindicato de Trabajadores del Municipio de Goianía (Sindigoiania) en un supuesto convenio con la Universidad Central del Paraguay, lo que esta casa de estudios ha salido a negar, según publica hoy el diario O Globo.
Foto: reproducción TV/Anhangueira con la desmentida de la universidad paraguaya.
Por la maestría los afiliados pagaban 490 reales (830 mil aproximadamente). El pago se hacía desde el año pasado directamente en la cuenta del coordinador pedagógico del sindicato, Gleyvison Nunes dos Santos, agrega la denuncia.
En julio de este año, los estudiantes vinieron al Paraguay para tomar sus clases, pero “fueron encaminados a otra universidad, sin estructura adecuada o profesores calificados”, según la publicación.
Una de las afectadas, Oneide Fernandes, relata con crudeza: “Cuando llegué allá en la pretendida universidad, y no era ni dentro de la propia universidad, me di cuenta que había caído en un golpe”.
Por su lado, la Universidad Central del Paraguay lanzó un comunicado a los profesores informando que no tenía “ningún convenio en vigencia” con la institución brasileña.
La abogada Larissa Goulart, que representa a las víctimas, explicó que el perjuicio en cuotas es de 10.000 reales (equivalentes a 17 millones de guaraníes) por alumno, pero que el daño es mayor dado que el título del masterado iba a significar un aumento salarial, con lo que fácilmente llega a 15.000 reales (unos 25.000.000 de guaraníes).
El delegado del Consumidor, Webert Leonardo, explicó que no pudo lograr un acuerdo entre los estudiantes, la universidad y el sindicato, por lo que analiza abrir una investigación. Informó que están tomando declaraciones para delimitar si es un mero incumplimiento contractual, una prestación deficiente “o si hay indicios de publicidad engañosa, que es un crimen contra el consumidor, o incluso estlianato”.
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