El gobierno de Javier Milei anunció ayer que habilitará a las universidades y hospitales públicos a cobrar aranceles a extranjeros no residentes que asistan a las instituciones educativas o sanitarias y que ampliará el listado de delitos causales de deportación.
“Se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes”, afirmó el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
“Nos despedimos de los famosos tours sanitarios”, indicó Adorni, agregando que los extranjeros entran a su país “a quitarle recursos al argentino” lo que consideró “bastante poco justo”.
Esta medida ya la habían tomado las provincias de Salta y Jujuy que limitan con Bolivia y Paraguay, y las provincias de Santa Cruz y Mendoza, frontera con Chile.
El portavoz destacó el caso de Salta, donde la cantidad de extranjeros que recibieron atención médica tras implementarse el cobro se redujo en más de un 95%, algo que, dijo, “generó un ahorro de 60 millones de pesos (unos 58.000 dólares), que implica una mejor atención para los ciudadanos residentes del país”.
El funcionario explicó que en la reforma migratoria que planean impulsar está prevista además la incorporación de más delitos como justificativos para expulsar inmigrantes de Argentina.
“Si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia o si se lo detiene por violentar el sistema democrático será expulsado y se le prohibirá su regreso al país. También se incorpora una pena de prisión en caso de que el extranjero viole la prohibición de reingreso al país”, concluyó.
De aplicarse las nuevas medidas, podrán afectar a miles de paraguayos.