Las comunidades campesinas acostumbradas al uso artesanal de sus tierras utilizando abonos orgánicos, se vieron de repentinamente en una nube de agrotóxicos: herbicidas, insecticidas, acaricidas, nematicidas, fungicidas.
El 6 de enero de 2011, Rubén Portillo se sintió aún más mal. Hacía una semana que había comenzado con fiebre, náuseas, vómitos, pero lo más llamativo: en su boca y su rostro aparecieron erupciones que supuraban pus, hasta que su muerte fue inevitable.
La mayoría de los pobladores de la colonia Yerutí, de Curuguaty (Canindeyú), carecían de agua potable y se abastecían de un pozo, pero también se contaminó y enfermó a 22 personas con síntomas similares a Rubén.
La abogada Milena Pereira explicó a EXTRA que en aquel entonces ayudó a la familia Portillo a presentar una denuncia penal por homicidio, pero no hubo respuesta.
En 2013, el caso fue presentado al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El miércoles, la ONU emitió un dictamen a favor de la familia del campesino Rubén Portillo y marcó un precedente a nivel global por el uso indiscriminado de agrotóxicos. Así, el Estado paraguayo se convirtió en el primer país condenado por la violación de los derechos humanos con connotaciones medioambientales.
El Estado tiene 180 días para cumplir la sentencia de sancionar a todos los responsables: la colonia Yerutí está rodeada por tres poderosas estancias: Cóndor, Hermanos Galhera y Campos Morombí, este último, escenario de la masacre de Curuguaty. Reparar integralmente a las víctimas. Además, publicar el dictamen en un diario de amplia circulación.
“Cuando fuimos en aquella ocasión, había muertes masivas de pollitos y chanchos”, recordó Pereira.