Si a Cartes le interesa la opinión pública debería ya mismo mostrarse a favor de la destitución del Contralor mediante el correspondiente juicio político. Debería hacerlo rápidamente y enganchar ese posible interés de destituir a Oscar Velázquez con su ambición sobre la ley de las APP. Así como están las cosas, el Poder Ejecutivo, sin ninguna intervención real del Congreso, podrá decidir contratos con empresas privadas sobre temas tan importantes como: rutas, saneamiento, hidrocarburos, navegación de los ríos, puertos y aeropuertos.
El Ejecutivo, solo y su alma, mediante instituciones que estarán bajo su control, podrá firmar y decidir por ejemplo sobre el abastecimiento de agua potable por treinta años, creo que no hace falta ser constitucionalista para entender que no cierra la cuestión. Es una ley que rompe el equilibrio y control republicano, es una ley inconstitucional y peligrosa que ha dejado muy poco espacio para la luz del control público.
Una de las pocas posibilidades de escrutar lo realizado, de acuerdo a la eventual ley y a lo que establece la Constitución estará a cargo de la Contraloría, una oficina que hoy no resiste el más mínimo análisis de credibilidad. Por eso es importante el gesto oficialista para poder por lo menos intentar decir que están dispuestos a someterse al escrutinio público a la hora de rendir cuentas sobre el manejo de lo que hasta ahora es público al menos en expectativa.
Cartes tiene que saber perfectamente que alguien que valida a cualquier chupóptero en la Contraloría y que luego de ser descubierto siquiera se anima al tímido harakiri de la renuncia, no tiene la altura moral para analizar posibles casos de corrupción y si bien la decisión primera está en Diputados, sabemos perfectamente cómo funcionan las cosas en nuestro escenario político.