@feryirobles Los crímenes y ejecuciones que a diario sacuden al departamento de Amambay, especialmente a su capital Pedro Juan Caballero, deja en evidencia que en esta parte del país mandan los delincuentes, sicarios, mafiosos y narcotraficantes, ante la vista y paciencia, y hasta tal vez la complicidad de sus autoridades y políticos.
En este sector no existe más ley que el código de la muerte. Solo esta semana, varias personas fueron asesinadas a sangre fría. Dos hombres de nacionalidad brasileña fueron torturados y ejecutados en plena vía pública, y sin otra explicación más que ser tratados como un ajuste de cuentas, móvil de crímenes que se volvió rutina.
En el 2014, en Pedro Juan Caballero se registraron 50 asesinatos en solo 4 meses, y la mayoría de ellos siguen impunes hasta ahora. Los recientes homicidios registrados encendieron nuevamente una alarma por la inseguridad, mientras crece la preocupación por las muertes por encargo.
Sin embargo, colaborar con la justicia no es una opción. Los pedrojuaninos no quieren hablar por temor a dar a conocer su identidad, y terminar corriendo la misma suerte de las víctimas. El día a día en esta ciudad se vive completamente en zozobra; los locales comerciales están custodiados con guardias fuertemente armados y muchos periodistas también deben andar armados o tener custodios, porque desde ese lugar muchos ya fueron callados.
La prosperidad económica se debe a la actividad comercial fronteriza, o bien no se puede descartar que sea gracias al aumento de narcotraficantes que se presentan como prósperos empresarios. A esta realidad se suma el escandaloso y encarnizado enfrentamiento entre sus hombres públicos más prominentes.
Políticos influyentes manejan la ruta que pinta al departamento de Amambay como una región signada por la violencia y la delincuencia. Mientras tanto, el Gobierno debe intervenir con toda energía para evitar que el departamento del Amambay y su capital Pedro Juan Caballero se conviertan en “tierra de nadie”.