@marianonin1 Hay 710.000 paraguayos que viven con menos de G. 285.000 mensuales. Ellos son los pobres, pobres. De alguna manera tienen que sobrevivir, y la mayoría lo hace en las calles, haciendo cualquier cosa, lo que sea con tal de ganarse el sustento y sobrevivir un día a la vez. Venden chucherías, limpian vidrios, cuidan autos o simplemente piden limosnas explotando a niños indefensos.
Es el país del día, el de la supervivencia, el de los semáforos. Sin embargo, el problema no radica en la pobreza en sí, sino en la forma de enfrentar las necesidades básicas. Lo que es ilegal, es ilegal y punto. Nada lo justifica. Y allí es donde entra la responsabilidad del Estado a la hora de implementar políticas sociales.
El cuidacoches no puede cobrarte por cuidar tu coche sin tu consentimiento, porque eso es como usurpar dinero público en concepto de estacionamiento. Además, no te puede exigir dinero por un servicio que vos no solicitaste. Lo mismo pasa con el limpiavidrios, contra quienes miles de personas libran todos los días una batalla de desgaste.
Pero el Gobierno ataca el contrabando porque perjudica a los supermercados, y deja que se venda aceite y jabón en las calles. El contrabando es ilegal, pero la venta es legal así como la extorsión de limpiavidrios y cuidacoches, mientras, la secretaría de la niñez ignora a los niños explotados a plena luz.
Cuando estas cosas suceden, las señales de alarma se disparan y las instituciones deberían acusar recibo. Sin embargo, no pasa aquí, donde primero debe haber una muerte para después pensar soluciones. Las políticas sociales deben apuntar a sacar a la gente de la pobreza, capacitándola en lo que sea para que pueda insertarse legalmente al mundo laboral. Mientras eso no suceda, los pobres seguirán copando las calles y la ilegalidad seguirá siendo legal mientras vemos como legalizarla.