@diegomarini Mientras el mundo se sacude y los gobiernos intentan demostrar que no van a apañar ningún tipo de corrupción futbolera, nosotros no acusamos el golpe. El FIFAgate nos demuestra que para el bandidaje y la corrupción no existen fronteras, que la nacionalidad no es un presupuesto de honestidad, que ser suizo puede ser un estereotipo pero que en realidad no existe uniformidad y que las mafias están en todas partes.
Ahora bien, lo que puede diferenciar a un país de otro, es la manera en la que se reacciona ante el conocimiento de un hecho que pueda tener a la deshonestidad como componente: es lo que llaman institucionalidad.
En ese sentido y pese que en nuestro país está ni más ni menos que la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol y que entre las personas sospechadas, de alguna u otra manera, hay dos nombres sumamente conocidos de nuestro medio como los de Nicolás Leoz y Juan Ángel Napout, no ha existido reacción estatal, de control, de preocupación, de mensaje claro de intolerancia a lo que puede ser un escandaloso lavado de dinero, cobro de coima y corrupción.
En conferencia concedida a Radio Cardinal, la viceministra de Tributación, Marta González, dijo la peor de las obviedades: que la Secretaría de Estado de Tributación (SET) “tiene la obligación de investigar” y que estaban, con otras palabras, siguiendo los sucesos por los medios: “estamos atendiendo ahora hasta las redes sociales, en las exequias”, es decir, nada.
Tampoco la Fiscalía se ha puesto a investigar por su cuenta, pese a todo lo que se ha publicado y de la Seprelad, como en tantos otros casos, no escuchamos algo conducente. Tampoco vimos reacción rápida de los congresistas quienes, cuando la ocasión les interesa, desarrollan velocidades que hasta a una gacela sorprenderían.
Mientras tanto, las reacciones en Argentina, Chile y Brasil evidencian nuestra conducta pasiva y lenta ante situaciones que requieren lo contrario: actitudes ejemplares que demuestren la vocación del Estado de esclarecer todo esto.