La niñez en Paraguay debe afrontar diversos actos de terror todos los días, varios con dramáticas consecuencias, como en el caso de una niña de 10 años que supo hace una semana de su embarazo de casi 5 meses. ¿Qué pasó? El panorama es así. En el país existen al año un promedio de 400 embarazos de niñas de entre 10 y 14 años, según datos brindados por la senadora Desirée Masi. Esto no es nuevo. Una trabajadora de la organización Plan Paraguay me había mencionado en una ocasión que en el interior del país existen muchos de estos casos y que en la mayoría el agresor es un hombre que vive en la casa y por lo general es familiar de la víctima. En el caso específico de la niña de 10 años, fallaron y siguen fallando demasiadas personas e instituciones.
Primero, un hombre degenerado, Gilberto Benítez Zárate, de 42 años, prófugo, peligroso por su condición, según la fiscala Monalisa Muñoz, quien dijo que si sigue libre podría hacer daño a otras niñas. Segundo, una madre cómplice que, también según la fiscala, antepone al padrastro que violó a su hija. La mujer ya fue detenida e imputada por complicidad y obstrucción a la investigación. Tercero, el Estado, el sistema judicial que no tomó las medidas adecuadas para evitar una violación cuando en enero de 2014 se hizo una denuncia de abuso, Muñoz explicó que se debió sacar al instante al agresor de la casa para resguardara la niña.
Pero lo peor se vive ahora, cuando los encargados del caso omiten por completo los derechos de la pequeña con el útero infantil, sosteniéndose con su falsa moral y religión. El embarazo debe ser interrumpido porque es de alto riesgo, como lo dispone la Constitución. Debe ser interrumpido porque es fruto de una violación que le arruina la infancia a una pobre niña.
Por último, falla el Ministerio de Educación al no poner el énfasis correspondiente a la educación sexual en las escuelas. Los niños deben saber qué es el abuso, deben saber que nadie puede tocarlos, cómo defenderse, a quién contar, cómo denunciar. No esperemos otro embarazo.