@marianonin1 Con nombre y apellido un diario digital publicaba una nota que dejó a todos con la boca abierta. El caso de una violación siempre vende, pero si la víctima es una nena de cuatro años el morbo se dispara y junto a la polémica la noticia corre como reguero de pólvora. El relato del informe de la sicóloga es espantoso. Lo es el hecho en sí, pero los detalles solo sirven para alimentar el morbo. Nada más. No contribuyen al suceso informativo.
Se violó el derecho de la niña y la presunción de inocencia del acusado. La publicación los condenó, y no hay vuelta atrás. Los abogados denuncian que desde hace años el proceso penal esta enmarañado. Las chicanas del acusado dilatan el proceso que se encuentra en una telaraña legal. Pero no es el caso.
El hombre ya fue condenado. Muchos se preocuparon más por pedir pena de muerte para el padre o mandarlo a que lo violen en Tacumbú, que por el daño que la publicación le causará a la niña en el futuro. Así somos. Nadie actuó de oficio, al menos no hasta ahora.
El artículo 29 de la niñez y la adolescencia es claro. “Queda prohibido publicar por la prensa escrita, radial, televisiva o cualquier otro medio, los nombres, las fotografías y los datos que posibiliten identificar al niño o adolescente, víctima o supuesto autor de hechos punibles” y concluye, “los que infrinjan está prohibición serán sancionados según las previsiones de la ley penal”. ¿Regirá la ley para el diario del Presidente?
No es poca cosa. La publicación desnudó que las instituciones encargadas de la protección de la infancia solo lo son de nombre, que los casos pueden dormir en la justicia y que si se trata del poder las leyes son solo letra muerta. Una vez que tirás la piedra podés esconder la mano, pero el daño será irreversible. Es más o menos así.