
Terrible semana en Paraguay, confirmatoria del delicado equilibrio jurídico, social y político en el que estamos inmersos. Lo que mal empieza, mal termina: la increíble historia de la invasión a una propiedad privada que era pública y de una masacre en la que solo se investigan 6 muertes y no las 17, sin saber exactamente quién mató a quién, perdurará en la historia como el registro de cómo no se deben hacer las cosas.
Se me ocurre que, quizás, las únicas personas que queden satisfechas con el resultado sean los familiares y los camaradas de los policías muertos, aunque debemos agregar, seguramente, a los que sacaron rédito político y económico de todo esto.
A las muertes y el dolor, a las sospechadas condenas sumaremos, como siempre, el descrédito y la desconfianza hacia un poder judicial que parece sacado de alguna novela. Para atender a uno de los casos más importantes por sus implicancias de todo tipo, tenemos un magistrado con antecedentes de procesos por coimero. ¿No tenemos nada mejor?
Pero por supuesto, esto no es nada nuevo: los pequeños Curuguaty son cosa de todos los días. Las actas de accidentes de tránsito arregladas según quien la consigne en el momento son una muestra y las sospechas y denuncias de fallos dirigidos por oscuros intereses llegan incluso hasta nuestras más altas instancias judiciales, donde hasta los integrantes de la Suprema Corte están en la mira y pendientes de juicio político, que no se termina de concretar justamente, por motivos políticos.
Y el carnaval seguirá: el lunes sabremos los fundamentos de la resolución y vendrán las acciones de la defensa. Una vez más, seguramente, el Paraguay estará mencionado a nivel internacional como un país donde la justicia no es tan justa o por lo menos, no parece serlo.
Los políticos hablarán de las presidenciales y nosotros del aumento de sueldo. Y en el país de la desconfianza, de todos y de todo, seguiremos desconfiando seguramente.