Una excavación, calificada de histórica, se inició hoy, para buscar los restos de 10 campesinos desaparecidos en 1980, durante la dictadura del general Alfredo Stroessner, informó la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia.
El grupo está encabezado por el doctor Rogelio Goiburú y cuenta con el apoyo de la Policía y la Fiscalía, cuyos representantes se encuentran en la compañía San Antonio del distrito de Juan Manuel Frutos (exPastoreo), departamento de Caaguazú, para llevar a cabo el operativo.
Se trata de Gumersindo Brítez Coronel, Secundino Segovia, Sergio Ruíz Díaz, Feliciano Berdún, César Brítez Coronel, Trinidad Concepción González, Estanislao José Sotelo, Fulgencio Castillo, Federico y Reinaldo Gutiérrez, pobladores de la comunidad de Acaraymi, quienes iban a participar de una protesta contra un jefe militar, que quería echarlos de la zona.
Los labriegos tenían “la intención de llegar a Asunción para protestar por las permanentes agresiones cometidas contra su comunidad por parte del Gral. Leopoldo Ramos Giménez y su esposa Olga, conocida como Ña Muqui, quienes pretendían apoderarse de las tierras públicas que ocupaba dicha comunidad con permiso del IBR (Instituto de Bienestar Rural, actual Indert) y compromiso de titulación”, señala el comunicado.
Ellos fueron bajados del colectivo en que viajaban, en un desmedido operativo conjunto de la Policía y el Ejército, junto con el apoyo de milicianos colorados.
“Capturaron a los campesinos, sitiaron, saquearon y torturaron a la comunidad, y violaron a mujeres y niñas”, apunta el informe.
Según datos, los llevaron a un rancho de Campo 9 (actual J. Eulogio Estigarribia), donde fueron cruelmente torturados, mutilados y desaparecidos dos días después, el 10 de marzo, pero hay testimonios de familiares que aseguran que fueron asesinados el 8 de marzo de aquel año, el mismo día en que los apresaron.
Los cuerpos fueron enterrados en una fosa común, pero nunca pudieron ser encontrados en todos estos años.
La Plataforma califica de emblemático el conocido como “Caso Caaguazú”, “por la concentración y despliegue simultáneo de diversos mecanismos represivos contra toda una comunidad, que derivaron en la ejecución arbitraria y la desaparición forzada de una decena de personas”.
Explica que esos crímenes “constituyen crímenes de lesa humanidad que deben ser juzgados y reparados por el Estado paraguayo”.