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Daniel Bogarín Fernández pensó que era buena idea quedarse callado cuando lo buscaron en su casa con el nombre de Adriano Quintana Montero, porque este tenía “solo” una causa por violencia doméstica y no por homicidio doloso, como la que él arrastraba.
Hace 10 meses confesó que él no era realmente Adriano. Allí se corroboró y hace unas semanas se lo trasladó de Emboscada a Encarnación (Itapúa), donde se encuentra su expediente real.
“Pensó que si era por violencia doméstica no iba a ir a la cárcel. Pasó meses ‘gratis’ por otra causa que no se puede computar a su futura condena”, dijo Elena Mereles, jefa del departamento de Monitoreos Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, que está investigando otras irregularidades en diferentes penales.
Nidia Pintos, directora general de Personas Privadas de Libertad de la Defensoría del Pueblo, afirmó que constituiría una grave violación a los Derechos Humanos si se comprueba el caso de la persona condenada por homonimia, que cumple prisión en Misiones. Habla sobre Julio César Franco Morel, quien fue condenado a 13 años, por homonimia, por homicidio. El hombre ya cumplió 10 años del total.
El mismo titular de la Defensoría, Miguel Godoy, confirmó que a un año y medio de asumir el cargo recibió al menos 10 casos de personas que aseguran que están presos por homonimia, pero que están siendo investigados y aún tienen informes al respecto.
No llevan cédulas
Elena Mereles, jefa del departamento de Monitoreo Penitenciarios, cuestionó el trabajo de la Fiscalía al no corroborar la identidad de su procesado. “Algunos a propósito no llevan su cédula. Ahí menciona el nombre de su primo, de su hermano o cualquier nombre. Pero no se corrobora”, lamentó.