La mamá relató a EXTRA que no pudo participar de una reunión de la Asociación de Cooperadora Escolar (ACE) porque estaba en el trabajo. Ahí decidieron pagar G. 500 para usar el baño, supuestamente para cubrir los gastos de limpieza.
Como ella no estaba al tanto de esto, su hija tampoco tenía el dinero para pagar, pero aunque lo tuviera, igual hubiera pasado lo mismo, indica, porque la hija de la limpiadora, que estaba controlando la entrada al baño, le exigió pagar G. 2.000.
Quedó afectada
La nena no pudo atajarse y se orinó encima. Por miedo y vergüenza, no le contó a nadie hasta que llegó a casa. “Le pregunte a mi hija mayor donde está y me dice que está lavando su bombachita porque se orinó todo”, lamentó la mujer.
Lo peor es que esta situación generó un trauma en la niña, que pidió a su mamá no volver a clases porque tiene miedo de que sus compañeritos se burlen de ella. “No puede ser que esto pase en un institución pública”, reclamó la mujer.
“Fue una broma”
Tras lo ocurrido, la madre fue a la institución educativa y habló con la directora Tomasa Brítez para que aclare la situación. Una docente que estaba presente le dijo que solo “le hicieron una broma” a su hija y por eso le pidieron más de lo que se había acordado.
“¿Cómo así? Como le van a bromear a una niña de 6 años con eso”, manifestó indignada.
La dire le reiteró el acuerdo de la asociación, pero hay padres que están valorando ponerse contra la decisión. “Se paga 10.000 de mensualidad y además ya pagamos 100.000 por la inscripción”, señaló la mujer.
Autoridades del MEC no respondieron a nuestras llamadas ni mensajes ayer para saber alguna postura oficial.
Intervinieron la escuela
Luego de que el caso saliera a la luz, la diputada Dalia Estigarribia, presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia, se hizo eco de la situación y dispuso la intervención de la Escuela Básica N° 3222 “Cerrito”.
Los miembros de ambas comisiones recabarán el testimonio directo de la familia afectada para esclarecer lo sucedido porque el acceso a condiciones básicas de higiene es un derecho fundamental.
“Cualquier situación que pudiera vulnerar estos derechos, será objeto de seguimiento institucional”, dijo la legisladora.