La perrita Canela, que perdió gran parte de la mandíbula tras la explosión de un petardo el pasado 1 de enero, deberá volver con la familia con la que vivía antes del terrible episodio que conmovió a muchísima gente. La decisión se tomó después de una investigación que duró seis meses y que, según la jueza penal de la Adolescencia de Luque, Carmen Román, permitió aclarar qué fue lo que realmente pasó aquel día.
La magistrada salió a hablar luego de que en redes sociales volvieran a aparecer publicaciones que aseguran que Canela regresará con quienes la maltrataron. Según dijo, eso no es cierto y la investigación concluyó que los dueños no tuvieron participación en lo ocurrido.
“Primeramente, esa información está totalmente tergiversada. No es así. Canela sufrió esas lesiones, esas agresiones, no dentro del entorno familiar”, explicó a NPY.
Román contó que el caso fue investigado durante medio año y que durante ese tiempo se revisaron imágenes de cámaras de circuito cerrado, declaraciones de testigos y todos los informes que fueron incorporados a la carpeta fiscal.
Salió corriendo detrás del petardo
De acuerdo con lo que se pudo comprobar, el hecho ocurrió cuando un joven que vive a varias cuadras de la vivienda pasó por la zona, prendió una pirotecnia y la lanzó. En ese momento, Canela salió corriendo detrás del petardo y terminó cruzando la ruta.
“No fue dentro de su entorno familiar ni dentro del domicilio”, afirmó.
La jueza insistió en que durante toda la investigación no apareció ningún elemento que involucrara a la familia en lo ocurrido. Incluso señaló que los dueños ayudaron a la perrita desde el primer momento, aunque después ya no pudieron seguir acompañando de cerca su recuperación.
“En el primer momento ellos le asistieron a Canela. Inclusive hicieron llegar su aporte de ayuda a Canela y luego vino una prohibición que les impidió poder seguir el proceso de recuperación”, señaló.
Otro de los puntos que mencionó fue el fuerte impacto que tuvieron las publicaciones que circularon durante meses sobre el caso. Según dijo, mucha gente quedó con la idea de que el responsable había sido un integrante de la familia, algo que la investigación finalmente descartó.
“La información era que este adolescente le puso la bomba en la boca a Canela. Eso fue lo que se publicó. Y ahora también se está diciendo que Canela vuelve con sus agresores. No. Es totalmente lo contrario. Canela vuelve con sus familiares”, indicó. .
Román también contó que durante todo este tiempo hubo personas que pidieron que la perrita fuera dada en adopción y que la familia siempre se negó a esa posibilidad.
Sobre la resolución que ordena el regreso de Canela a su hogar, la jueza explicó que se trata de una decisión basada en todas las pruebas reunidas durante la investigación y que debe ser cumplida.
“Existe una resolución fundada y argumentada para que Canela vuelva con sus familiares. También existe una ley que nos obliga a cumplir lo que establece un mandato judicial”, indicó.
La magistrada volvió a recalcar que la causa permitió llegar a una conclusión de que los dueños no fueron quienes causaron las graves heridas que sufrió la perrita.
“La investigación concluyó que no fueron los dueños de Canela quienes causaron esa lesión. Entonces no existe una razón para sacarla de su entorno familiar”, sostuvo.
También aclaró que ningún integrante de la familia fue imputado por el caso y que la única persona procesada es un joven que vive cerca de la vivienda.
“El Ministerio Público llevó adelante toda la investigación y llegó a la conclusión de que los familiares no tuvieron participación y que en todo momento asistieron a Canela”, manifestó.
Pese a la decisión judicial, la polémica sigue lejos de terminar. Desde la organización Olfateando Huellas, encabezada por Diana Camarasa, expresaron públicamente su desacuerdo con el regreso de la perrita a la casa de sus dueños e incluso anunciaron acciones para intentar evitarlo.
A través de publicaciones en redes sociales, la activista señaló que Canela cuenta con el apoyo jurídico del abogado Diego Tuma y su equipo, asegurando que buscarán defender los derechos de la perrita y acompañar las medidas que consideren necesarias tras la resolución judicial.