“Hay una gran nostalgia de lo que fue nuestro gobierno, hay un gran reclamo, que vuelva Lugo, dicen”, declaró Lugo en una entrevista a un medio internacional. El expresidente de la República y actual senador, Fernando Lugo Méndez, demandó al Estado paraguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre del 2012, por la destitución de su cargo luego de ser sometido a un juicio político.
Según las declaraciones a la 780 AM del canciller paraguayo, Eladio Loizaga, Lugo pidió en su denuncia (ante el organismo internacional) que lo repongan en el cargo de presidente, además de una indemnización por los daños ocasionados por su destitución.
Según el abogado constitucionalista, Eusebio Ramón Ayala, la demanda promovida por Lugo, pidiendo volver a ocupar su cargo jurídica y constitucionalmente, no corresponde.
“Ya no puede retrotraer y aparte ya pasó el periodo, ya hubo un juicio político, fue una decisión del Congreso en su momento; en el peor de los casos, si es que le da la razón, podrá tener derecho a algún tipo de indemnización o alguna reparación, pero no una reposición en el cargo”, dijo Ayala.
Reparación
En caso de que el expresidente tenga un fallo favorable, el Estado deberá pagar por los daños y perjuicios, además de los salarios caídos. Lugo fue destituido faltando 14 meses para que completara su periodo de mandato.
El sueldo que percibía era de G. 25.214.090. Haciendo un sencillo cálculo se puede deducir que el actual senador, tan solo por los salarios caídos, puede llegar a recibir del Estado más de G. 350.000.000. El titular del Senado, Mario Abdo Benítez, propuso coordinar la elaboración de la respuesta a ser presentada a la CIDH.
Lino había pedido US$ 20 millones
En agosto del 2009, Lino Oviedo planteó la demanda por indemnización de daños y perjuicios, a más de daño moral contra el Estado paraguayo por la condena de 10 años de cárcel impuesta en su contra por aquel intento de golpe militar del que fue absuelto en el 2007. En aquella oportunidad, Oviedo pidió el pago de 100 mil millones de guaraníes como indemnización y 2 mil millones por daño moral.