Pa’íma he’i o karai juezma odispone, frases comunes de la gente de tierra adentro para referirse a las decisiones indiscutibles de los que son considerados autoridades en los pueblitos.
Pero en Puerto Pinasco, Presidente Hayes, una de estas frases ya se gastó demasiado y hartos de los maltratos, los pobladores decidieron declararle la guerra al juez de paz.
El jueves realizaron una convocatoria popular. Llegaron a la oficina de Leonardo Rafael Martínez para tratar de solucionar el conflicto, pero había sido el magistrado se mandó mudar. Al no tener respuestas fueron a la municipalidad y asentaron en actas rosarios de denuncias y quejas contra el proceder del abogado. Lo acusan de haber mandado matar un chancho, de discriminación, de haber fundido una familia y hasta de mal procedimiento (ver recuadros).
“Este juez es de Coronel Oviedo, fue designado hace 15 años y sucedieron hechos que nos chocan. Su oficina queda frente a la municipalidad y nos tocó ver cómo echa a los humildes pobladores; entonces les dijimos que hagan las denuncias en forma a través de notas”, dijo a EXTRA el intendente Pedro Recalde.
Intervención
Ante la cantidad de quejas y la gravedad de las mismas, esa noche el presidente de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes, doctor Blas Cabriza, llegó con una comitiva para interiorizarse de lo sucedido.
“El Juez de Paz incurrió en una falta porque salió de su oficina sin comunicar a sus superiores inmediatos. Desde el 21 de diciembre él no está en su oficina, se fue a su ciudad natal y, cuando Cabriza preguntó sobre el permiso, no supieron decirle”, reveló el jefe comunal. Apenas se comunicó a la Corte Suprema de Justicia decidieron suspenderlo sin goce de sueldo y remitieron su caso al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado.}
Molesto
“Me sentí agraviada por el señor juez porque le molestaban mis animales domésticos. Le dio orden a un policía para que ejecutara a mi chancho en su terreno”, relató Estela Beatriz Ortellado, quien también lo acusó de maltrato verbal.
Discriminación
Jorgelina Aquino, de la etnia Angaite, fue nombrada como facilitadora judicial y contó que el juez Martínez una vez la echó del juzgado, que le negaron el acceso a la justicia y que no permitía que los niños indígenas entren a su oficina.
Malhumorado
Clara Romualda Denis también contó su experiencia. Relató que una vez aplaudió varias veces en la oficina porque nadie le atendía, allí salió Martínez y “me mandó sacar hasta el portón y me echó como perro, hizo tronar sus dedos, creo que estaba de mal humor”, recordó.
Fundió su vida
Marcial Mancuello comentó que tuvo un problema con su esposa y que el juez sin proceso alguno pidió la exclusión de hogar. Le suplicó para volver, pero no le dejó. Perdió su kiosco, su familia. Asegura que él era víctima de violencia pero aguantaba porque su señora está enferma.
Maltratada
Liz del Carmen Ruíz fue nombrada ujier en el 2006. Ella se presentó ante el juez y comentó los malos ratos que le hizo pasar. Le dio como función izar la bandera, no le dejaba hablar con su compañero, no le dejaba usar el baño del juzgado y hasta la orilló a renunciar, dijo.