Tras el sonado caso de la condena a una veterinaria, por la muerte de una perrita, familiares de dos personas fallecidas hace más de 10 años reclaman celeridad a los ministros de la Sala Civil y Comercial de la Corte Suprema de Justicia, quienes deben resolver una demanda contra la Administración Nacional de Electricidad (Ande).
El expediente se encuentra hace casi dos años en la máxima instancia judicial, tras ser aprobado en primera instancia, pero fue rechazado en Apelaciones.
Se trata de Marcelo Raúl Velilla Viveros (28), empleado de una empresa tercerizada de una telefónica, y su padre, Miguel Ángel Velilla Speciale (60), quienes perdieron la vida electrocutados, en la zona baja de Encarnación, Departamento de Itapúa, el 30 de noviembre del 2012.
Ambos residían en Asunción y viajaron hacia la ciudad del sur del país, a realizar los estudios necesarios, para la realización un proyecto de instalación de una torre de antena, para telefonía, que le fuera encargado a Marcelo, quien era ingeniero junior.
Alrededor de las 13:30 de aquel día, padre e hijo subieron a lo alto de una vivienda de tres pisos, para hacer unas mediciones con una cinta métrica de metal, pero ambos hicieron contacto con un cable de media tensión de la Ande y recibieron fuertes descargas, por lo que fallecieron electrocutados.
“Era una mala conexión que tenía la Ande”, dijo Verónica Velilla, hija y hermana de las víctimas fatales, en comunicación con EXTRA.
Señaló que, en ese lugar, los cables pasaban sobre dos casas, que “ellos no se percataron, tampoco nadie les había advertido”.
“Mi hermano hizo un contacto a 40 centímetros del cable, que tenía un campo magnético, que incluso impidió que puedan usar un metro digital que tenían, por lo que usaron el metro metálico, que contactó con mi papá y los dos fallecieron en el mismo acto”, añadió la entrevistada.
Un año y medio después, en junio del 2014, la viuda, Mirta Irene Viveros de Velilla, promovió una demanda contra la Ande, reclamando una “indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual”.
En primera instancia, el Juzgado ordenó una indemnización de G. 592 millones, más intereses, para la señora; además de G. 200 millones para cada uno de sus hijos, Verónica, Miguel Ángel y María Fernanda, que totalizan G. 1.192 millones.
Sin embargo, el caso pasó a segunda instancia, porque se tuvo en cuenta el fallecimiento de una sola personas, no dos.
El Tribunal de Alzada rechazó la demanda, lo que obligó a los familiares de las víctimas a recurrir a la Corte Suprema de Justicia.
“No tenemos respuesta aún y nos llama mucho la atención, ya que tampoco deja de ser importante lo que pueda pasarle a una mascota, pero el caso de dos seres humanos, trabajadores, que fallecieron por la desidia de la Ande y nosotros no podemos entender por qué tarda tanto tiempo el estudio del fallecimiento de dos personas”, reclamó Verónica.
Sostuvo que no existen pruebas en contra y “lo que nosotros pedimos es la celeridad en la Justicia; no estamos pidiendo nada que no corresponda; hace 9 años que estamos litigando el caso”.
Explicó que su mamá pide la indemnización, “por el fallecimiento de mi papá y mi hermano; y en el caso de los hermanos, es por el daño moral”.
La Sala Civil y Comercial está integrada por los ministros Eugenio Jiménez Rolón, César Antonio Garay y Alberto Martínez Simón.