El COVID tiene a cientos de pacientes conectados a un respirador. Ante esta realidad, el Instituto de Previsión Social (IPS) presentó un amparo constitucional para que no falte el oxígeno en sus instalaciones.
Como medida cautelar, la jueza de atención permanente de Capital, Inés Galarza, ordenó bajo apercibimiento a la empresa Gas Metal S.R.L. proveer de manera inmediata el gas medicinal.
Cabe señalar que el contrato entre IPS y la proveedora ya había finalizado y que la empresa se negó a seguir entregando, según el portal pds.com.py.
El amparo promovido el 31 de marzo por los abogados Óscar Guillén y Teresa Bernal señala que no se pueden perjudicar los derechos y las garantías constitucionales de los asegurados.
Pidieron precautelar los intereses jurídicos de la vida y la salud por encima de la cuestión económica.
Abultada deuda
Una mujer está entre la vida y la muerte en terapia por el COVID, mientras su marido tiene que sortear la deuda que ya sube a más de G. 113 millones.
El señor, Isidro Casco, promovió un amparo el 30 de marzo atendiendo que no podía pagar dicha suma y que ya le estaban reclamando en el Hospital Universitario de San Lorenzo.
La jueza penal de garantías de la ciudad, Nancy Duarte, dictó una medida cautelar para que su esposa, Francisca Cohene, continúe en el nosocomio.
“Ella tiene derecho desde que ingresa al sistema de seguridad social, a acceder a los servicios médicos y de salud, sin restricciones”,
La mujer es asegurada de Assismed y su marido intenta sin resultados el traslado a un hospital público. Pide que el Ministerio de Salud cubra los gastos.