Deteriorado por la diabetes, esta enfermedad no era la única que tenía a Jorge Barret en la corta línea que divide a la vida de la muerte. Desde hacía ya varios años, su mente le jugaba una mala pasada, aquejado por un trastorno mental. 
Su historia es algo parecida a la de otros 55 reclusos en Tacumbú y un total de 157 a nivel de todas las penitenciarías del país. La muerte de Barret fue como la crónica de una muerte anunciada, pero para la Justicia, bien gracias. “Se le informó a la jueza sobre su estado y no hicieron nada”, se quejó Miguel Godoy, defensor del Pueblo.
Stella Cacace, comisionada del Mecanismo de Prevención de la Tortura, contó que de entre todas las cárceles del país, Tacumbú es la única que cuenta con un pabellón especial para estos enfermos, pero dijo que desafortunadamente no funciona de forma efectiva al 100%, puesto que su capacidad es solo para 25 internos: actualmente alberga a más de 50. 
Agregó que si bien no se cuenta con un censo de toda la población, que ronda las 14.000 reclusos en todas las cárceles, lo registrado se obtiene por la declaración de internos que, al momento de su ingreso, dicen estar bajo tratamiento, pero esto no representa la realidad.
“Son alrededor del 10% del total, 1.400 por ahí (los que tienen trastornos)”, dijo Cacace. Añadió que muchas veces los casos están ligados al consumo de drogas, robos y homicidio, violencia familiar, hurto y microtráfico.
El doctor Manuel Fresco, director del Centro de Adicciones, refirió que suelen recibir internos de diversos centros penitenciarios por orden judicial y que anualmente atienden a unos 2.000 pacientes, estipulándose el consumo de drogas como un tipo de trastorno mental.
Harán protocolo para estos casos
El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, señaló a EXTRA que están analizando la elaboración de un protocolo para que los jueces lo tengan en cuenta a la hora de decidir qué van a hacer con reclusos con trastornos mentales, debido a que es alto el nivel de la población que sufre este flagelo en las penitenciarías. Para el proyecto pondrán manos a la obra el Ministerio de Salud, la Defensoría, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia.