Carla Rojas, la fiscal que lleva el caso del Complejo Arrayanes de Asunción, imputó a María Lilia Contreras y Édgar Torres, de la Empresa Prolife SA; María M. Contreras y Oscar Daniel Ruiz, de la Empresa Epro SA.
Todos están sujetos a proceso por el hecho punible de homicidio culposo, tras la muerte del joven Rolando Núñez Scolari.
La presentación se dio tras una semana de que los resultados de la autopsia confirmaran que el fallecimiento se debió a una electrocución, así como denunciaron desde un principio los familiares y amigos del joven que participó de un encuentro deportivo en el citado complejo.
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El documento fue presentado al Juzgado Penal de Garantías de turno, ya que la diligencia se realizó como anticipo jurisdiccional de prueba.
Esto, a su vez echó por tierra los argumentos del abogado Guillermo Duarte Cacavelos, quien, mediante unos videos del circuito del lugar, infirió que, el joven ya se sintió mal antes de recostarse por el poste electrificado.