Llamativas actuaciones de los últimos días pone a la Fiscalía en el centro de la polémica, ante criticados pedidos que hicieron a los jueces en dos casos distintos.
El primero involucra a 4 policías de la Comisaría 7ª del barrio San José de Ciudad del Este (Alto Paraná) y quienes en la madrugada del domingo detuvieron a dos jóvenes, los llevaron a la sede policial y les pidieron G. 7.000.000 para ser liberados. Incluso, trajeron a un usurero, quien pondría el dinero, a cambio del automóvil en que se desplazaban las víctimas, que quedaría como empeño, según los datos.
Tras publicarse lo ocurrido, en las redes sociales y medios periodísticos, la fiscala Zunilda Ocampos Marín imputó ayer al oficial inspector Antonio Ávalos Pereira y los suboficiales Pedro Javier López Deleón, Francisco Prieto Montiel y Alcides Villalba González, así como al civil Fernando Daniel Ortigoza, por privación de libertad, cohecho pasivo agravado (pedido de coima) y extorsión.
A pesar de la gravedad del caso, la agente del Ministerio Público pidió al juzgado solo el arresto domiciliario de los agentes, mientras que se declare la rebeldía de Ortigoza, por estar prófugo.
Sin embargo, la fiscala Rosa Noguera pidió la prisión preventiva de Luis Enrique Servín Luraschi, quien fue sorprendido cuando “intentó llevarse sin pagar” 9 desodorantes y dos cremas para la cara, por valor de G. 200.000, de un supermercado ubicado sobre la avenida Eusebio Ayala de Asunción.
El juez Rolando Duarte rechazó la solicitud, al considerar que se trató de un hurto de poco valor.