Un Tribunal Supremo de Brasil condenó ayer jueves al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel por liderar un complot golpista para “perpetuarse en el poder”, tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
Es un fallo inédito, pues se trata de la primera vez que un expresidente brasileño es condenado por intento de golpe de Estado.
Cuatro de los cinco jueces de la sala hallaron culpable al líder ultraderechista y a siete de sus aliados, entre ellos exministros de su Gobierno (2019-2022) y antiguos mandos militares, de hasta cinco delitos contra el orden democrático.
“El objetivo central de la organización criminal era asegurar la permanencia en el poder de Jair Messias Bolsonaro”, afirmó Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala. Bolsonaro, de 70 años, se llevó el castigo más alto.
Seis de los ocho condenados son militares
Seis de los ocho condenados son de las Fuerzas Armadas; Bolsonaro, capitán retirado del Ejército y bajo arresto domiciliario desde agosto pasado, recibió 27 años y 3 meses de prisión en régimen cerrado.
Otro es el excomandante de la Marina Almir Garnier. También hay tres generales de la reserva en la lista: Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira y Walter Braga Netto. Los cuatro fueron condenados a penas de entre 19 y 26 años de cárcel.
La sentencia aún no está firme; aún hay recursos jurídicos que los acusados puede utilizar para intentar zafar de la cacerolita.
La mayoría de la corte aceptó la teoría de la Fiscalía y responsabilizó a Bolsonaro de valerse de las estructuras del Estado para poner en marcha un plan que buscó desmantelar los poderes constitucionales, deponer por la fuerza al Gobierno de Lula e imponer una “verdadera dictadura”.
El juez relator, Alexandre de Moraes, enumeró trece actos de la trama, entre ellos el complot “ampliamente probado” de una feroz campaña de desinformación contra las instituciones y las elecciones, ganó forma con graves amenazas a las autoridades y, finalmente, intentó materializar “un proyecto autoritario de poder” a través de actos violentos que se prolongaron hasta el 8 de enero de 2023.
Ese día tuvo lugar la última tentativa: miles de bolsonaristas invadieron y vandalizaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo, en Brasilia, para incitar una intervención militar.
A través de audios, documentos, mensajes y la confesión del exedecán de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, el tribunal constató que Bolsonaro editó decretos para establecer un estado de excepción e incluso avaló un plan para asesinar a Lula, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al propio De Moraes.
Solo fracasó por la negativa de los comandantes del Ejército y la Aeronáutica.
El único voto en contra tuvo la firma de Luiz Fux. El magistrado minimizó las pruebas de la Fiscalía y aseguró que no hay evidencias que demuestren que Bolsonaro actuó para imponer una dictadura; apenas se barajó esa posibilidad, algo que no consideró punible.
Bolsonaro, quien siempre ha negado que quisiera dar un golpe, escuchó la sentencia en su casa, en Brasilia, por motivos de salud. Sus esperanzas radican ahora en una amnistía que promueve su partido en el Parlamento y en nuevas sanciones del Gobierno de Trump, hasta ahora inútiles.
Sus problemas judiciales no empiezan ni terminan con esta condena. En 2023, fue inhabilitado por ocho años y aún es investigado por supuestamente intentar obstruir el juicio por golpismo, por diseminar noticias falsas y por apropiarse de unas joyas que serían del acervo estatal.
Apelarán condenas
Los abogados defensores del expresidente Bolsonaro, adelantaron que apelarán la decisión de los jueces “incluso en el ámbito internacional“, en una nota divulgada a la prensa.
Los abogados Celso Vilardi y Paulo da Cunha Bueno, que integran la defensa de Bolsonaro, expresaron que consideran las penas “absurdamente excesivas y desproporcionadas”, y que analizarán la sentencia para posteriormente presentar un recurso.
En este contexto, los abogados reiteraron la inocencia de su defendido, quien, según ellos, “no atentó” contra la democracia y “nunca participó de ningún plan”.
Y expresaron su descontento por la “falta de tiempo” que tuvieron para analizar las pruebas que pesaban contra su cliente, lo que consideran que limitó su accionar. EFE