La Fiscalía emitió una orden de captura contra el exministro de la Secretaría Nacional de Emergencia (SEN), Joaquín Roa y del ciudadano Alberto Koube Ayala.
Los agentes fiscales Silvio Ignacio Corbeta Dinamarca y Osmar David Legal Troche, asignados a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, formularon el acta de imputación contra ambos por la supuesta comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado, soborno agravado y lavado de dinero, según menciona el documento.
De acuerdo al informe dado a conocer por el Ministerio Público, Roa, quien fue ministro de la SEN en el periodo 2013-2022, habría beneficiado en varias oportunidades a Koube Ayala, con el que presuntamente mantenía una relación de amistad, en licitaciones.
“En ese sentido, Joaquín Roa Burgos en el mes de agosto del 2018 habría recibido de Alberto Koube Ayala, representante legal del Grupo Tapyracui SA, una embarcación de la marca Azimut AZ 42, importada de unos USD 450.000 a cambio de licitaciones públicas convocadas por la secretaría a su cargo y desde entonces, habría adjudicado únicamente a Koube con más licitaciones que además presentarían sobrefacturaciones”, señala el comunicado firmado por los fiscales Osmar Legal y Silvio Corbeta.
Antecedentes
El Ministerio Público allanó tres propiedades en la causa contra Roa, quien está investigado por presuntos vínculos con el miembro de una organización criminal, de quien compró un yate valuado en USD 500.000.
Esta investigación se abrió luego de los operativos en la causa A Ultranza Py. El fiscal adjunto contra el narcotráfico, Marco Alcaraz, remitió a la Fiscalía de Delitos Económicos sospechas de lavado de dinero.
En uno de los operativos que se realizó en Asunción, espcíficamente en el barrio Santísima Trinidad, sobre las calles Caracas casi Tte. Morel, donde presumiblemente funciona la empresa Noemacol SA, se llevaron documentaciones de licitaciones públicas.
Justamente la empresa Noemacol SA (propiedad de María Noelia Alarcón, pareja de Alberto Koube), habría provisto a la SEN vehículos, en concepto de alquileres por G. 1.500 millones.
Sin embargo, los contratos con la SEN no figuran en Contrataciones Públicas, porque se ejecutaron con fondos de emergencia.