Se complicó la sitú judicial de la exmodelo Julieta Nardi y su esposo, Diego Dirísio.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina, donde viven actualmente, confirmó la extradición de ambos a Brasil, país que les investigó y anunció sanciones severas por supuesto tráfico ilegal de armas.
Tras esta medida de la justicia de ashá, ahora queda en manos de la cancillería argentina dar o no paso a la extradición de la pareja a Brasil para que la justicia rapái se encargue de ellos.
La cuerona y su ména están imputados en Brasil por supuestamente integrar una organización dedicada al tráfico internacional de armas y al lavado de dinero. Según la investigación, Nardi y Dirísio vendían armas al PCC (Primer Comando Capital) y Comando Vermelho.
Al enterarse de la decisión de la justicia de ashá, Nardi contó que contrataron al abogado rapái Ciro Largo Junior. “El mejor, nuestro abogado”, tiró, adelantando que preparan una fuerte defensa en Brasil.
Largo proceso
En diciembre del 2023 se dio el operativo Dakovo donde allanaron la casa y la empresa de Nardi y Dirísio, en ese momento la pareja se dio a la fuga, tres meses después, en febrero del 2024, fueron capturados en Córdoba, Argentina, y estuvieron en la cárcel durante 1 año, ahora tienen prisión domiciliaria.
Inmediatamente, luego de que fueron capturados, la justicia brasileña solicitó la extradición de ambos para que puedan ser procesados por cargos de tráfico internacional de armas de fuego, organización criminal transnacional y lavado de dinero.
Son inocentes, dice
Tras salir de prisión, Julieta Nardi publicó en sus redes sociales que es inocente y que Brasil persigue a su familia por “motivos políticos”.
“Investiguen a los importadores, IAS (su empresa) nada tiene que ver con el tráfico de armas, la empresa siempre hizo todo en forma legal.”, tiró.
Ahora, la pareja debe esperar la decisión del Poder Ejecutivo argentino para coordinar o no su entrega al vecino país. El gobierno de Javier Milei tiene un plazo de entre 30 y 45 días para hacerlo.
Si son juzgados en Brasil, se exponen a 16 años de cárcel, más una millonaria multa.