Luego de una semana de incertidumbre, los hermanos Mariano y Pedro Sopeña al fin pudieron recobrar la posesión de su casa, luego de que el pasado 1 de diciembre fueron desalojados aparentemente con un juicio falso.
“Desde que falleció mi papá (2019), una mafia criminal nos está atacando con todo tipo de medidas con intenciones de sacarnos la propiedad, nos inventan pagarés, nos hacen intervenciones a través de la municipalidad. A mi hermano menor lo habían llevado a Tacumbú por temas de que supuestamente en la propiedad había criaderos de mosquitos”, dijo Mariano, uno de los afectados.
El mismo dijo que detrás de todo esto está una persona con mucho poder y dinero, no quiso dar nombres, pero aseguró que “son gente que tienen que ver con el clan González Daher”, afirmó.
El problema inició con la demanda de una señora de nombre Ema Nilza Turo Martínez, quien supuestamente presentó un pagaré con firma falsificada contra la empresa Formasa S.A., propiedad de la familia Sopeña, pero según el abogado no hay ningún expediente a nombre de la empresa ni de la señora, por lo que el proceso de desalojo es falso.
Casa destruida
El jueves, la fiscal Sandra Ledesma revisó la denuncia y tras investigar descubrió que la propiedad en cuestión pertenece legalmente a la familia Sopeña. Ayer a la mañana realizó el allanamiento en la propiedad de casi 5 hectáreas, ubicada en el Cuarto Barrio de Luque, donde encontraron que la mansión ya estaba siendo destruida en parte.
En el procedimiento, detuvieron a 8 guardias de seguridad, por no colaborar con los investigadores.
Al mismo tiempo, también se llevó acabo otros dos allanamientos, uno en la casa de la actuaria judicial que su firma aparece en la orden de desalojo de nombre Muriel Vera, quien es sobrina de la jueza Fátima María Luisa Vera, que también firmó la orden de desalojo, pero lo raro es que esta jueza falleció en mayo de este año y la orden recién fue llevada a la comisaría en octubre y dos meses después se llevó acabo el desalojo.
La fiscala mencionó que esta situación irregular derivó en otro allanamiento que se llevó a cabo en el Juzgado de Paz del barrio Catedral de Asunción, donde trabaja la actuaria. Indicó que en el sitio los intervinientes encontraron documentos en blanco firmados por la magistrada ya fallecida y por la actual encargada del juzgado.
Con este procedimiento los dueños pueden volver a la casa.