El expresidente y actual senador Fernando Lugo había sostenido que no esperaba recibir ningún dinero, en el marco de su demanda contra el Estado paraguayo por su destitución de la primera magistratura, a través un juicio político en 2012.
Sin embargo, ahora que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió su acción, se revela que en el escrito había solicitado incluso volver al Palacio de López, algo que ya resulta imposible, además del cobro de los haberes caídos como mandatario, “así como los gastos ocasionados en el juicio político y en este procedimiento, así como las indemnizaciones por daño a mi honor y reputación”.
En aquel entonces, su salario era de unos G. 38.000.000, que multiplicado por los 14 meses que le faltaban para cumplir su mandato, suman G. 532.000.000 más intereses, así como los montos de los demás reclamos.
El reclamo se había presentado en diciembre del 2012 y ahora, más de 9 años después, se llega a esta instancia en que la CIDH tiene un plazo de 6 meses para resolver el caso. La Cancillería nacional ya fue notificada sobre la decisión, según se informó.
“Acto de justicia”
“Para nosotros, es un acto enorme de justicia, un acto enorme de defensa de los derechos establecidos en la Constitución paraguaya, en el Pacto San José de Costa Rica ante la arbitrariedad cometida durante el desarrollo del juicio político”, sostuvo el abogado Emilio Camacho, uno de los firmantes de la demanda, junto a su colegas José Enrique García y Adolfo Ferreiro.
En el escrito se cuestiona el juicio político, porque supuestamente no se respetó el debido proceso y se le dio muy poco tiempo para que Lugo prepare su defensa.
“Se violentaron varios derechos, como el del derecho a la defensa y la presentación de pruebas”, señaló Camacho a un medio.
Además, se sostiene que se agotaron las instancias jurisdiccionales de nuestro país, por lo que tuvieron que recurrir a dicho fuero regional.
Aceptó y se retiró
El entonces presidente Fernando Lugo “anunció que se sometía al juicio político y se le dio el derecho a la defensa”, dijo Federico Franco, quien era el vicepresidente y asumió en reemplazo del exobispo. “Él aceptó” el reglamento. “Escuchó la denuncia; esgrimió sus argumentos” y sus abogados “adujeron que no era necesario más tiempo”. Franco mencionó que no fue consultado para la defensa y que había ofrecido la opinión de expertos, pero no le llamaron.
