A Rafaela Figueredo (20) le llamaba la atención que su vecino nuevo tuviera una perrita, pero la dejaba atada todo el día mientras él no estaba en la casa, en el barrio Obrero de Bella Vista Norte (Amambay).
Desde que se mudó, hace una semana, la joven iba a llevarle comidita a la perra, de paso le daba algunos mimitos.
En los últimos días, notó que la mascota tenía heridas en sus partes íntimas y tomó cartas en el asunto.
“El sábado dije que iba a ir a hablar, pero no pude. Al día siguiente, escuchamos que el señor le estaba gritando a la perra y agitaba un palo que tenía en la mano. Me fui y le dije que no le trate así. Que si no le quería, que me diera a mí”, contó a EXTRA la joven.
En ese momento no le reclamó nada sobre las heridas que tenía la peluda, pero sus compañeros de facultad le consiguieron el número de denuncia de la Dirección de Bienestar Animal y consultó cómo debía actuar en este caso de sospecha de zoofilia.
Un grupo jurídico de la institución acompañó a Rafaela a denunciar el hecho en la Comisaría 5ª de la zona y así pudieron ir hasta la casa para poder sacarle al animal. En el transcurso del lunes, se confirmó lo peor: fue abusada sexualmente.
De 500 denuncias que llevan reportadas la Dirección de Bienestar Animal, el 10% son por zoofilia, es decir 50 casos. Este sería el primer caso confirmado.
La joven se convirtió en la heroína de la peludita, está en el primer año de Veterinaria. Indicó que no le puso nombre para no encariñarse, ya que no la adoptará, solo le ofreció un hogar temporal.
“Supuestamente tenía nombre, pero para mí que ni eso tiene aún. Demasiado le quiero a los animales y desde el primer día que le vi ya me fui a hablarle, se la veía tristona, enfermita”, lamentó.
Por su parte, Juan Manuel Enciso indicó que la perri se encuentra resguardada y esta mañana será trasladada a Asunción donde quedará a cargo de la Dirección Nacional.
Puede ligar multaza o prisión
El vecino fue identificado como Clementino Rivas y fue detenido ayer a las 16:30. El hombre está a disposición de la fiscala Katia Uemura. La ley estipula hasta dos años de prisión o multa en caso de que un animal resultase muerto; así como la prohibición de tener otros animales por un plazo que podrá ser de hasta 10 años, si es reincidente. En los casos más graves pueden pagar hasta 1.500 salarios mínimos. (G. 120.000.000).