Con sus padres y hermanos en terapia intensiva, una joven de 28 años recibió la mejor noticia: el estado cubrirá sus gastos.
“Me llamó una chica y me contó que le pedían cada día 10 millones por cada uno”, comentó la senadora Esperanza Martínez, proyectista del Fondo Nacional para la cobertura de hospitalización en UTI para enfermos de COVID-19.
Le ley fue promulgada ayer por Marito y garantiza la cobertura del 100 por ciento para los pacientes UTI de COVID-19 tanto en el sector público, previsional y privado, incluyendo medicamentos, estudios e insumos, de acuerdo a la reglamentación y el control del Ministerio de Salud.
Para todos
“A toda persona que hoy se va a un sanatorio porque no hay lugar en IPS o en hospitales públicos, la ley le cubre en el sector privado”, apuntó.
Detalló que en el caso de los asegurados de IPS, después se verá el pago por parte de la previsional y pacientes con seguro privado, se le cubrirá el monto que supera la cobertura médica.
“La idea es que le cubra a todas las personas”, refirió asegurando que, desde Juan Pérez hasta un parlamentario o el mismo presidente puede ser beneficiado si así lo pide.
Sin pagarés ni señas
Martínez acotó que todos los sanatorios privados están obligados a asistir a las personas que precisen de terapia.
“Hay veces que en el pasillo hay pacientes con un respirador con indicación de terapia pero no llega a tener la cama formal, esa es una precisión importante”, señaló.
“Con esto queremos tener acceso a todas las camas que se pueda. El sector privado está obligado a recibirte sin pedirte ningún tipo de entrega. El ministerio hará los pagos mediante la reglamentación”, aseguró.
En siete días Salud deberá reglamentar y regular
La ley está vigente desde el viernes 16 pero Salud tendrá que determinar cuáles medicamentos utilizados para el tratamiento también cubrirá el ministerio, adelantó la Martínez. La cartera fijará los precios máximos diarios.
Los gastos serán cubiertos a través de los saldos no ejecutados en la ley de emergencia sanitaria por coronavirus, fondos socioambientales de Itaipú y Yacyretá y donaciones hasta lo equivalente a 90.000 salarios mínimos (G. 197.355.510.000).