Carlos Rejala denunció ante el Ministerio público que le amenazaron de muerte a él y a su familia en una llamada anónima el sábado pasado.
“Aproximadamente a las 19:21, me encontraba en mi vehículo acompañado de mi familia, ingresando a la ciudad de San Bernardino, departamento de Cordillera, cuando recibí cuatro llamadas telefónicas consecutivas del número (09xx) xxx xxx, el cual no tenía registrado entre mis contactos”, declaró en su denuncia dirigida al agente fiscal de la unidad penal de turno.
Él comentó que en un primer momento no atendió las llamadas ya que estaba conversando telefónicamente con otra persona, pero al recibir una quinta llamada consecutiva desde el mismo número y ante la insistencia, decidió atender porque podía ser una situación urgente.
“Al atender la llamada diciendo “Hola”, una persona de sexo masculino me preguntó expresamente: “¿Señor Rejala, es usted?”. Al responder afirmativamente, dicha persona me manifestó de forma textual: “Si usted sigue con el tema de Cerro le pasarán cosas a usted y a su familia, y nosotros no jodemos, usted no sabe dónde se está metiendo”.
Rejala es candidato a presidente de Cerro Porteño con el “Movimiento Nuevo Cerro” para las elecciones a realizarse el 31 de enero en la Nueva Olla. Él relacionó esta amenaza con la campaña electoral que realiza para dirigir al club Azulgrana.
“Desde hace aproximadamente un año me encuentro participando activamente de reuniones y actividades de carácter político-institucional vinculadas al club Cerro Porteño, lo cual ha conllevado una significativa exposición pública y mediática de mi persona, especialmente en programas y medios de comunicación de índole deportivo”, señaló.
Su principal oponente en las elecciones es Blas Reguera, del movimiento “Cerro Primero”.
Rejala solicitó al Ministerio Público que le otorgue custodia para él y su familia. También se ofreció a presentar elementos de prueba como su declaración testifical, la copa de la denuncia policial del 9 de enero de 2026, capturas de pantalla de la llamada recibida, y pidió que se les exiga de oficio a las empresas de telefonía que informen a nombre de quién está registrado el número denunciado y que remitan el extracto de llamadas desde noviembre de 2025 hasta la fecha.