@feryirobles Las violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios policiales son sin duda uno de los principales problemas que debe enfrentar la democracia en nuestro país.
Detrás de muchos uniformes existe un enorme esquema corrupto y criminal que esconde una larga lista de jóvenes muertos en comisarías, personas desaparecidas en manos de agentes policiales, terceros muertos en tiroteos innecesarios, o supuestos delincuentes que caen abatidos en dudosos enfrentamientos, millonarios robos perpetrados con la “bendición policial”, y ni que hablar de las coimas y extorsiones.
El problema de las filas policiales no es una cuestión coyuntural ni aislada; es una práctica funcional a los sistemas policiales que se explica por deficiencias estructurales en la organización política de estas instituciones, en la formación y en el control de sus agentes.
La trama de la violencia policial está intrínsecamente vinculada con la ineficacia de las agencias del orden, con una formación y organización deficiente, y acostumbrada a actuar más allá de la ley. La policía no está preparada para proteger a la comunidad y mucho menos para asegurar los derechos humanos.
Es inexplicable que siendo la inseguridad ciudadana la principal preocupación del país, la formación policial no fue ni siquiera parte del debate público hasta ahora. La propia institución desconoce la complejidad del problema, argumentando descaradamente que “si hay oferta es porque hay demanda”.
El problema de la violencia policial es el resultado de un sistema de seguridad en crisis que debe ser transformado radicalmente. Empezando por el Ministro del Interior Francisco de Vargas, que no hace más que hacer política desde su silla.
Este problema es históricamente ignorado por los diferentes gobiernos, pero este definitivamente, ya ni siquiera tiene vergüenza. Ola de asaltos, sangrientos crímenes fronterizos, narcotráfico, cuatro secuestros simultáneos, y un grupo armado, es la agenda del Gobierno de Horacio Cartes.