@ruthbenitezdiaz El Estado paraguayo pidió ayer disculpas públicas por arrear arbitrariamente a niños y adolescentes en situación de calle en el año 2000. Fueron llevados a hogares y separados de sus familias a la fuerza. A través de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno, en nombre del Estado, reconoció su culpa por violar los derechos humanos, luego de que en el 2008 se realizara una denuncia por el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Muchos nos preguntamos por qué este y no otros hechos toman ese nivel de trascendencia. No hemos visto a representantes de los diferentes gobiernos pedir disculpas por la “desaparición” repentina, durante acontecimientos internacionales como cumbres o la visita del Papa, de niños en situación de calle, limpiavidrios o vendedores ambulantes.
Acaso el desalojo de indígenas ubicados en cercanías del Ñu Guasu, durante las “visitas” de importantes personajes no es motivo de disculpas públicas. Sí, la redada del 2000 fue indignante. Más aún porque se hizo visible a través de impresionantes fotografías donde se veía a policías persiguiendo y agarrando de forma violenta a pequeños niños sucios, víctimas de un equivocado sistema. Un intento de “limpieza” con la que se intentó reducir la delincuencia, cuando en realidad se la debe combatir con políticas públicas de educación.
Hoy, el Gobierno sigue violando derechos humanos, muchos en silencio, pero aunque no se ven, se notan. Las disculpas fueron frías, falsas y protocolares. La entonces jueza de la Niñez y Adolescencia, Mercedes Brítez, quien ordenó la redada, no muestra un mínino de arrepentimiento, solo trata de justificarse cada vez que se recuerda el caso. La contradictoriamente candidata a la Defensoría del Pueblo, para colmo, asegura que el Estado no debió pedir disculpas. Estos hechos solo develan lo mucho que nos falta en materia de derechos humanos, mucho.