Las ollas están vacías, al igual de miles de estómagos en estos momentos en Asunción y otras partes del país. Hay familias enteras que dependen de esa ayuda para comer, al menos, una vez en el día.
La Cámara de Diputados no se apura en estudiar el proyecto de ley “Comedores y centros comunitarios” que prevé que unos G. 11.000 millones sean aprobados para que estas organizaciones sigan ayudando a sus vecinos.
Las mujeres organizadas, las “olleras”, como ellas mismas se denominan brindan más que solo un plato caliente de comida a los que están en situación de pobreza y vulnerabilidad, sino que cumplen un rol importante en el desarrollo comunitario integral como la atención a la salud, apoyo escolar para niñas y niños, acompañamiento a personas de la tercera edad.
Enormes organizaciones se consolidaron en la pandemia, pero están desprovistas de insumos, porque el ente encargado prefiere que coman las ratas. “Me llena de coraje y rabia, ellos nos decían que no tenían insumos, y ellos tienen dentro del depósitos. Ahora saber que hay presupuesto y no se están destinando da rabia”, dijo indignada Kimberly Samaniego, referente de ollas populares. Por esto y por más, la ley de ollas populares se debe aprobar sin modificaciones.