@ruthbenitezdiaz Los comicios municipales serán nuevamente una oportunidad para varios candidatos a la intendencia que apuntan a la reelección de terminar impunes, ya que muchos de ellos seguro volverán a ser elegidos pese a los varios hechos de corrupción por los que son señalados.
Dejando de lado el voto prebendario, comprado o voluntario de los electores que sufragian ya sea por la necesidad que causa la pobreza o por ignorancia, víctimas de un sistema político sucio, existe una ley electoral que habilita a los corruptos a postularse a cargos que marcan el presente y futuro de cada localidad y que deberían ser ocupados por personas brillantes y sumamente transparentes.
Pero no. Entre los candidatos que nos ofrece esta democracia no hay mucho qué elegir. Existe un sinfín de personajes imputados por casos graves, pero la ley electoral los habilita, cuando deberían estar imposibilitados de ejercer cualquier cargo público.
Empezando por Horacio Cartes, quien estuvo en la cárcel de Tacumbú por evasión de divisas y existen diversas publicaciones de medios nacionales e internacionales que lo involucran con el tráfico de drogas y el contrabando de cigarrillos, sin embargo, ejerce la Presidencia de la República.
En Lambaré, los candidatos a intendente Roberto Cárdenas (ANR) y Armando Gómez (PLRA) están imputados. El primero por lesión de confianza luego del derrumbe de un aula, relacionado al mal uso del dinero de Fonacide; el segundo por lavado de dinero, en un caso de estafa a una empresaria. La ley los habilita incluso a seguir sus candidaturas estando en prisión, mientras no haya una condena.
Citar a todos será más largo que el rosario. Varios candidatos por el rekutu, como Albino Ferrer, de San Lorenzo o Édgar Quintana, de Fernando de la Mora, no presentaron informes del uso que le dieron a los recursos del Fonacide. Para el código electoral los ladrones de la plata pública pueden seguir disponiendo de ella.
Además del voto consciente, es hora de cambiar la ley. Que ya no nos jodan.