@feryirobles Este viernes el Gobierno de Horacio Cartes concedió el indulto a 16 personas privadas de su libertad en penitenciarías y correccionales del país, en cumplimiento a la figura del Indulto Presidencial que se realiza cada año. Este año en particular, el ejecutivo resaltó que incluso cumplía con el pedido del Papa Francisco, quien puso a consideración del Gobierno realizar por el “Año de la Misericordia” un acto de clemencia con los presos idóneos para ser beneficiados con esta medida.
Cartes cumplió, por una cuestión meramente burocrática. Sin desmeritar el trabajo realizado por las autoridades competentes para seleccionar a los indultados, o la situación de los beneficiados, es bien sabido que el sistema penitenciario y judicial del país atraviesa una de las peores crisis.
La sociedad en general no está preparada como para recibirlos, rehabilitados o no; ya que están condenados a un estigma que fue impuesto por las malas políticas de Gobierno, que no hicieron más que hacinarlos para separarlos de la sociedad, sin preocuparse por ellos. La mayoría se vieron en una carrera de supervivencia dentro de las precarias cárceles, intentando por su propia cuenta correr contra el sistema, soportando las condiciones infrahumanas, aprendiendo del sufrimiento.
Ni el propio Estado confía en su sistema. Para admitirlos dentro de alguna función pública condiciona a la sociedad a no tener antecedentes. Para ellos, no debe haber margen de error, pero tampoco ofrecen alternativas. Así, muchos caen en la reincidencia por falta de oportunidades.
A pesar de los visibles flagelos de este tema, nadie ni siquiera se toma el tiempo de revisar la propia Ley que concede indultos. Este punto, reflotó luego de que un exconvicto indultado haya asesinado brutalmente a una niña de 8 años esta semana. Evidentemente, el hombre recibió el premio sin estar plenamente rehabilitado por la ineficiencia del Estado.