@diegomarini Cada vez más plata se gasta en el combate al EPP, según dijo el diputado Édgar Acosta; sin contar lo invertido en armas, patrulleras o alimentación, se invierte mensualmente más de 3.000 millones de guaraníes. De más está decir que el análisis costo-beneficio no cierra. Cuesta mucho conseguir datos sobre los trabajos que se realizan en la zona militarizada como respuesta a lo que sería la influencia del EPP en esos territorios.
Hasta el momento, el Gobierno no ha informado a cabalidad de todo lo que significa el despliegue de la FTC y las dudas crecen. Las preguntas no encuentran respuestas contundentes pese a que el Ejecutivo está obligado a informar, pero no lo hace y quienes deberían exigir que lo haga, están en otra cosa.
Ellos están dispuestos a alzar en hombros a Mario Abdo y pasar frente a la gradería de Cartes celebrando la victoria, pero no más que eso, en el fondo, donde deberían ejercer oposición en sentido político serio, en el plano de la discusión legislativa, no lo hacen. Saben que pronto acabará la interna y volverán a ser “uno”, tampoco los partidos de oposición tiene fuerza para reaccionar y a los miembros del PLRA, sobre todo en el Senado, uno ya no sabe en cual conjunto encerrarlos.
El Congreso debería ya mismo volver al antiguo texto de la ley de Defensa Nacional, retomar el control republicano y volver a equilibrar las fuerzas de los Poderes, que hoy se encuentran volcadas a favor del Ejecutivo que ignora al Parlamento retaceando información e incumpliendo la norma.
En todo caso, la propia Constitución prevé el Estado de Excepción, que tampoco ha sido demasiado eficaz, pero que al menos ciñe las atribuciones a periodos de tiempo bien determinados y pone la exigencia del informe en un lugar donde no puede ser obviado.
Las últimas muertes en estas zonas, donde supuestamente el control es férreo, exigen cambios de políticas y enfoques. Si el Gobierno no reconoce el error, el Congreso debería marcar el rumbo, aunque sea viejo.